Varias asociaciones presentarán este jueves una querella criminal por presunto delito de prevaricación contra los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la presencia de Bildu en las pasadas elecciones municipales y forales del 22 de mayo.
La querella criminal, que será presentada a las 12.30 horas, la interponen conjuntamente las asociaciones Sindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oir, Fundación Denaes y Voces contra el Terrorismo.
El TC avaló el pasado día 6 de mayo la presencia de la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes en las elecciones municipales y forales por seis votos frente a cinco. A favor de permitir la participación de Bildu en los comicios votaron el presidente del alto tribunal, Pascual Sala y los magistrados designados por el PSOE Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa.
Estas asociaciones han optado por presentar una querella criminal conjunta, mediante acción popular, después de que el Tribunal Supremo archivara el pasado viernes una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra estos mismos magistrados por un presunto delito de prevaricación.
El Supremo alegó entonces que no podía admitir a trámite la demanda al no tratarse de una querella, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 406 señala que podrá deliberar sobre la posible responsabilidad penal de los jueces y magistrados "en virtud de querella del Ministerio Fiscal o del perjudicado u ofendido o mediante el ejercicio de la acción popular", sin que, por consiguiente, esté prevista la denuncia como "medio legalmente admitido" para exigir la responsabilidad de los magistrados, añade el alto tribunal.
De esta forma, tanto la competencia del Supremo como la "exigencia legal" de la querella constituyen los presupuestos procesales para poder dar inicio al procedimiento.
FALTA DE IMPARCIALIDAD
La denuncian de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusaba a los magistrados de haber dictado una "resolución arbitraria" al admitir el recurso de amparo presentado por la coalición contra la anulación de sus listas por parte del Supremo.
Para los demandantes, la conducta de los magistrados pudo ser constitutiva de un delito de prevaricación por no haber ejercido sus funciones conforme a los principios de "imparcialidad y dignidad".
A juicio de Manos Limpias, el Constitucional invadió las competencias del Supremo al volver a valorar las pruebas que éste había analizado para acordar la anulación de las listas de Bildu, lo que provocó que haya actuado de facto como "un tribunal de apelación y revisión".