La reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación a los 67 años ha superado sin problemas las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado cinco partidos. Los votos a favor de PSOE y CiU, y la abstención de PP y PNV, han evitado que la ley se devuelva al Gobierno. Valeriano Gómez se ha mostrado confiado en que la norma esté aprobada en julio y ha afirmado que "sería simplificador presentarla como un mero retraso de la jubilación". En cambio, tanto para Gaspar Llamazares como para Rosa Díez y Joan Tardá, este ley es una concesión a los "mercados".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha derrotado con los votos de PSOE y CiU y la abstención del PP y PNV las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado ERC-IU-ICV, BNG y UPyD contra la ley que retrasa las pensiones a los 67 años. De esta forma, la norma no ha tenido problemas para superar el trámite. A partir de ahora, continúa su tramitación, durante la que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confía en alcanzar un "acuerdo mayoritario".

En todo caso, el Gobierno no modificará los puntos principales de la ley, que son, además de retrasar la jubilación, el aumento del periodo de cálculo de 15 a 25 años y el requisito de una carrera de cotización de 37 años --frente a los 35 años actuales-- para cobrar la pensión máxima, y que acordó con los agentes sociales en el marco del pacto social y económico. Además, el Ejecutivo no tiene prisa. No está previsto que la norma entre efectivamente en vigor hasta 2013, y a partir de entonces se dará un horizonte de 15 años para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2027.

En el debate se han vuelto a oír las mismas posiciones que ya se habían expuesto en ocasiones anteriores. Así, Gómez ha explicado que es "importante anticiparse" a la "sobrecarga" del sistema de pensiones ante el aumento del número de pensionistas y su esperanza de vida en los próximos 40 años. Además, y en opinión del titular de Trabajo, no se trata de una ley que lo único que haga es retrasar la edad de retiro. "Sería simplificador presentarlo como un mero retraso de la jubilación", ha explicado Gómez, que ha limitado su alcance, ya que únicamente la mitad de las personas que se jubilan ahora a los 65 años se verían obligados a jubilarse a los 67. Además, cada cinco años se revisará el sistema de pensiones, lo que supone "un seguro elemento de equilibrio" y no una "amenaza".

Los partidos que se han opuesto, en cambio, creen que lo que hace el Gobierno es someterse a los "mercados". Así lo han dicho tanto el diputado de IU Gaspar Llamazares, como el diputado de ERC Joan Tardá y la representante de UPyD Rosa Díez. Llamazares ha lamentado el "sacrificio inútil" de la conquista de la jubilación a los 65 años a lo que ha llamado "dioses del mercado tan omnipotentes como insaciables". Además, la norma supone una "burla" en un día en que Telefónica presenta un ERE para "prejubilar a los 50 años". "El 80 por ciento de los ciudadanos rechaza" la medida, ha explicado el diputado de IU, que ha asegurado que provocará la "fractura social".

Tardá ha llegado más lejos y ha acusado al Gobierno de "traicionar sus principios socialdemócratas" para "rendirse" a los mercados dirigidos por la canciller alemana, Angela Merkel, y "poner en jaque los logros sociales" con medidas que sólo "beneficiarán" a la derecha. Por su parte, Rosa Díez ha calificado la medida de injusta, porque supone un "placebo" a los mercados y un fraude a la hora de resolver los problemas del sistema. Según ha dicho, no se actúa sobre cuestiones como las prejubilaciones "injustas" ni el régimen especial de los parlamentarios. "En suma, un fiasco más", ha concluido.

La representante del BNG Olaia Fernández Dávila ha remarcado que la norma "no goza del consenso necesario" y se basa en "medias verdades y ocultaciones" para justificar unos recortes sociales que únicamente beneficiarán a los fondos de pensiones privados. Además, no es "progresista", porque no se vincula a una "necesaria" mejora de la "calidad de los salarios" para garantizar la sostenibilidad del sistema.

EL PP DENUNCIA "INMOVILISMO"

El PP se ha abstenido. No está de acuerdo con la medida pero tampoco con el "inmovilismo" de las enmiendas a la totalidad. El encargado de defender la posición de los populares ha sido el diputado Tomás Burgos. El representante del PP ha reconocido que el sistema está en entredicho por culpa del desempleo, que ha hecho perder casi un 11 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social. pero la norma "no responde adecuadamente" a esta situación, por lo que plantea "serias dudas" sobre su eficacia, ya que ahorra a costa de recortar prestaciones y derechos.

Pero el PP no apoya las enmiendas a la totalidad, porque "adolecen de inmovilismo", además de que las políticas de la izquierda no pueden sostener las pensiones. Por este motivo, ha advertido de que el PP se posicionará "adecuadamente" en el trámite de las enmiendas parciales ante un texto con el que tienen "demasiadas discrepancias".

El responsable de defender la ley por el PSOE ha sido Jesús Caldera. Según ha dicho, si esta norma no fuera progresista, él no subiría a la tribuna a defenderla. Además, está en línea con las reformas en el resto de Europa, y hace "mejor" a un sistema que ha soportado hasta ahora si entrar en déficit. "Esperamos que siga teniendo superávit en 2011", ha explicado.

Por su parte, el portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha remarcado que el proyecto responde a los planteamientos del Pacto de Toledo, además de que el envejecimiento de la población exige una reforma ambiciosa de las pensiones, incluso sin contar con los efectos de la crisis. "Desde la convicción y la responsabilidad vamos a rechazar las enmiendas", ha remarcado.

A su vez, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha asegurado que algunas de las reflexiones de las enmiendas "son pertinentes", pero la peor de las posiciones es "no hacer reformas en tiempo de inestabilidad", pese a las "gravísimas carencias" del proyecto de ley, especialmente en materias como las competencias en materia autonómica.