La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de un supuesto delito contra la ordenación del territorio por las obras de ampliación del muelle de El Bufadero a la altura del barranco del mismo nombre. La denuncia fue presentada el 14 de abril en el Juzgado Instrucción número 1 de la capital, y es una consecuencia de otra remitida por el comité local de una formación política minoritaria al citado órgano judicial.

En dicha denuncia, el abogado y candidato de esta organización, Pedro Fernández Arcila, fundamentó todas las irregularidades supuestamente cometidas durante la fase de redacción proyecto, en que "se ignoraron conscientemente los riesgos relativos a la seguridad de las personas en caso de crecida del barranco, que desemboca en la zona del muelle".

En concreto, esta formación denunció a la Autoridad Portuaria y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo este último que debió haberse pronunciado sobre la viabilidad técnica del proyecto, fundamentalmente en lo que se refiere a las repercusiones que los elementos previstos para la retención de acarreos y materiales podrían ocasionar en el barrio de María Jiménez en momentos de lluvias intensas. Estos acarreos, al no ser evacuados de forma natural, quedarían depositados en los tramos finales del cauce, a la altura de la zona residencial de María Jiménez, lo que causaría un grave riesgo de inundación en caso de una crecida importante.

De hecho, la formación recordó que esto fue lo que ocurrió el 1 de febrero de 2010, con la obra ya concluida, donde por las fuertes precipitaciones, el barranco se desbordó. A pesar de estas circunstancias, que tenían necesariamente que ser conocidas por el Consejo Insular de Aguas, en los documentos del expediente administrativo se comprueba que se ocultaron, "de manera consciente, las repercusiones que tales obras tendrían en el proceso natural de desagüe del barranco. Tan solo -añade- en documentos anexos al proyecto técnico se analizan estas repercusiones pero, sorprendentemente, solo en lo que puedan afectar a la obra portuaria proyectada, obviando deliberadamente las afecciones que la citada obra ocasionaría aguas arriba y, lo que es más grave, proponiendo soluciones para evitar la afección de los acarreos en la obra portuaria, en perjuicio de la seguridad de la zona residencial cercana".

La cuenca de El Bufadero se caracteriza por una potente acción erosiva y un caudal muy importante, de hasta 237 metros cúbicos por segundo, tal y como se ha demostrado en diversos sucesos meteorológicos adversos, por lo que se considera una zona de alto riesgo. El caudal del río Tajo en meses de lluvia es de 350 metros cúbicos por segundo, lo que da una idea de la importancia de las avenidas en este barranco.

Por su parte, la Comisión de María Jiménez, que también tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía por el mismo proyecto, y que está a la espera de resolución, mostró ayer su "más profunda satisfacción" porque la acción de la Fiscalía "da la razón a los vecinos, que siempre hemos venido denunciando las obras de ampliación del Dique del Este, cubriendo la desembocadura del barranco más caudaloso de Anaga, algo que calificamos de disparate de graves consecuencias".

Recuerdan que, desde febrero de 2007, el Consejo Insular de Aguas, "a pesar de los informes que advertían de un posible desbordamiento, informó a favor de la Autoridad Portuaria sobre las obras de canalización".