El malestar de una parte de la comunidad educativa con la gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias -especialmente con los recortes presupuestarios y los problemas para sustituir al profesorado de baja- va en aumento y está a punto de trascender el ámbito de la Comunidad Autónoma. Iniciativa Canaria en Defensa de la Enseñanza Pública presentará en las próximas semanas varias iniciativas ante instancias nacionales y de la Unión Europea que incluyen una solicitud de intervención al Parlamento europeo para evitar que la política del Ejecutivo regional "haga inviable el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado español en materia de educación en el Tratado de Lisboa".
Además, el colectivo -integrado por sindicatos docentes, asociaciones de padres y otras asociaciones- planteará sendas quejas ante los defensores del pueblo de España y la UE y se dirigirá al Comité de Peticiones de la Eurocámara.
Al margen de esta actividad institucional, familias y docentes volverán a expresar su descontento en la calle, tal y como hicieron el pasado mes de octubre en una convocatoria que contó con una respuesta masiva. El próximo 12 de mayo a las 18 horas, una manifestación partirá de la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife para reclamar una educación pública de calidad.
"Aunque algunos digan lo contrario, la situación en este tercer trimestre del curso no es mejor que en los precedentes y los efectos de los recortes se están sintiendo más que nunca, sobre todo en el alumnado, que está afectado por la nefasta política de sustituciones", expuso ayer Pablo Santana, componente de la Ampas Coordinadas de Tenerife, uno de los colectivos integrados en Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública.
Las quejas interpuestas por esta plataforma buscan denunciar la "vulneración del derecho a la educación" en la que, a su entender, ha incurrido la Consejería que dirige Milagros Luis Brito, a la que también acusan de "culpabilizar" al profesorado y los centros de enseñanza de los problemas con las sustituciones.
Según Mary Bolaños, del sindicato STEC -que, junto a UCPL y USO, forma parte del colectivo-, la actuación del Gobierno autónomo "se aleja de los principios básicos que debe cumplir cualquier Estado miembro de la Unión Europea", obligados a la transmisión de competencias para el desarrollo personal y laboral que permitan "ejercer una ciudadanía crítica".
Esto no es compatible con lo que, a juicio de los miembros de la Iniciativa, ocurre en el Archipiélago, donde colegios e institutos funcionan como "centros de guardia y custodia" más que como instalaciones educativas y se deja sin tutores a "miles de alumnos en periodos de hasta varios meses".