Los servicios de emergencia del municipio de Granadilla de Abona están envueltos en la polémica a raíz de la denuncia presentada en la Fiscalía por miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios V4 y por los de la Asociación de Protección Civil Tigaya. De hecho, los denunciantes consideran que responsables de ambos cuerpos, entre los que están los presidentes de V4 y Tigaya; la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar, y la concejal de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, podrían haber incurrido en irregularidades.

La documentación remitida a Fiscalía, a la que ha tenido acceso EL DÍA, pone de relieve que el presidente de los Bomberos Voluntarios, que a su vez es el jefe de la Policía Local de Granadilla de Abona, y el máximo responsable de Tigaya "han actuado conjuntamente para cometer una serie de presuntos delitos prevaliéndose de su condición".

Explican que ambas asociaciones de voluntarios están recibiendo subvenciones de los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Arico "que no están siendo destinadas a fines públicos, sino que están siendo sustraídas presuntamente" por los máximos dirigentes de ambos cuerpos de voluntarios.

"Para llevar a cabo la supuesta sustracción han falsificado numerosos documentos presentados ante las administraciones públicas (…) y esto conlleva que pueda existir una doble contabilidad", se argumenta en el informe remitido al fiscal.

Explican que "para encubrir" los ingresos supuestamente ilícitos de responsables de V4 se "obligaba a efectivos de este colectivo a firmar recibos por valores superiores a las cantidades reales que percibían, todo ello bajo la amenaza de ser expulsados del cuerpo".

Los denunciantes, que dicen que estas supuestas prácticas se vienen registrando desde 2008, afirman que "hace un año" el problema fue expuesto a la alcaldesa granadillera, Carmen Nieves Gaspar, para que pusiera remedio a la situación generada en V4.

En la reunión la repuesta de la mandataria fue que "no quería que le contaran nada acerca de las supuestas irregularidades y que el presidente de los Bomberos Voluntarios era de su entera confianza".

Además, en la contabilidad "aparecen diversas facturas de una ferretería propiedad del marido de la concejal de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, donde nos obligaban a comprar" el material que hiciera falta, argumentan.

Los denunciantes entienden que "podríamos encontrarnos ante un presunto delito de tráfico de influencias" por parte de la edil.

Aunque este periódico intentó contactar con responsables políticos del gobierno local y de V4, ayer no fue posible conocer la opinión de los mismos.