Canarias, Valencia y Madrid continúan a la cola en lo que a la aplicación de la ley de la dependencia se refiere, mientras que en cabeza se sitúan La Rioja, Cantabria y Andalucía.
Así se desprende de las estadísticas de la aplicación de los cuatro primeros años de la Ley de Dependencia que presentaron ayer la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, y la directora del Imserso, Purificación Causapié.
Según esta estadística, uno de cada tres dependientes no recibe los servicios y prestaciones a los que tiene derecho, según los datos con fecha 1 de abril del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
En total, de 1.071.603 personas calificadas por el sistema como "beneficiarias con derecho a prestación", 720.769 están recibiendo alguna ayuda, de tal manera que 350.834 dependientes todavía están a la espera, según reconocieron la directora general de Política Social y la directora del Imserso.
Las estadísticas indican una aplicación desigual de la ley de dependencia por comunidades autónomas, como señaló Isabel Martínez, si bien quiso reconocer el esfuerzo de todas las administraciones para seguir avanzando en la aplicación de la ley.
Así, en el conjunto de España, el 1,42 por ciento del total de población es beneficiario de prestaciones de la ley de dependencia y destacan por encima de la media estatal La Rioja (2,38), Cantabria (2,34) y Andalucía (2,18 por ciento).
Por el contrario, Canarias (0,43 por ciento), la Comunidad Valenciana (0,72 por ciento) y la de Madrid (0,77 por ciento) se encuentran a la cola en cuanto a la aplicación de la norma.
"El Gobierno ha hecho todo lo que tocaba en el marco de sus competencias y en el desarrollo de la ley. Hemos puesto en marcha un sistema desde cero", aseveró Martínez, para añadir que "no hay que olvidar" que se trata de un sistema nacional que "se pone en marcha en un momento de gran complejidad económica y de ajustes presupuestarios".
Sobre la Memoria de 2010 del Defensor del Pueblo, presentada la semana pasada, que señala que Madrid y Valencia son las regiones que más quejas de ciudadanos acumulan por las demoras en el desarrollo de la norma, la directora general de Política Social señaló que "no aporta ninguna novedad a lo que ya se conoce".
"El Estado apoya con la financiación y las comunidades autónomas tienen que hacer el esfuerzo presupuestario legalmente establecido y priorizar estas políticas frente a otras", señaló Martínez, para añadir que la aportación económica del Gobierno supera en más de un 60% lo previsto.