El fuera de ordenación, como consecuencia de los planes generales, será el tema sobre el que disertará hoy Eduardo Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrollará hasta mañana en el Auditorio de La Oliva de Fuerteventura.

¿Qué efectos tiene el fuera de ordenación en una edificación?

El régimen jurídico aplicable a estas construcciones depende del plan general de cada municipio, porque la normativa urbanística remite esa decisión a cada instrumento de ordenación, por lo que depende de la voluntad de cada ayuntamiento. En el caso de Santa Cruz, se establece un régimen más flexible que el previsto en la normativa urbanística, por lo que en las edificaciones que queden fuera de ordenación se podrán hacer obras de consolidación, modernización y mejora, pero no incrementos de su volumen. A la hora de reconstruirlas, tiene que hacerse según el nuevo planeamiento.

¿Por qué hay tantos municipios que aún no han aprobado sus planes de ordenación?

El principal motivo es la sucesión de normas que se ha producido tanto en el ámbito autonómico como nacional. Se trata de leyes a las que los planes se han tenido que ir adaptando de forma sucesiva, lo que implica que, cuando ya se tiene hecho un trabajo, hay que volver atrás para adaptarse a la nueva normativa y, además, seguir la tramitación que marca el nuevo criterio. Otro problema es la falta de presupuesto de los propios municipios para poder afrontar la formulación de instrumentos.

¿La falta de aprobación de PGO paraliza las ciudades?

Sin los planes no se pueden obtener licencias, por lo que se frena el desarrollo. Por ello, aprobar los planes generales de ordenación ayuda a renovar y dinamizar la ciudad desde un punto vista urbanístico, económico y social. Cabe señalar que, conforme al plan anterior, se pueden seguir otorgando licencias, lo que ocurre es que el plan nuevo de alguna manera establece las necesidades actuales de la ciudad, por lo que muchos promotores no piden licencias conforme al planeamiento anterior.

¿Qué ocurre con el plan general de Santa Cruz?

Es cierto que en Santa Cruz la tramitación del plan general se ha dilatado en exceso, pero también es que ha habido una serie de periodos de información pública sucesivos que no han tenido otros instrumentos de ordenación. Santa Cruz, al ser una capital de provincia, es una ciudad compleja con un territorio diverso, donde hay espacios naturales protegidos, suelo urbano consolidado y suelo pendiente de desarrollo. A esta diversidad territorial que no tienen otros municipios de las islas, se suma la existencia de movimientos ciudadanos que están en contra del PGO por diversas razones que pueden ser legítimas.

¿Se debería simplificar la tramitación urbanística?

Creo que debemos simplificar los trámites, pero también la normativa, pues hay un exceso de normas concurrentes sobre una misma parcela. Esto significa que los promotores tienen que ser auténticos expertos en toda esta normativa. Por ello, lo primero que deberíamos hacer es una reflexión calmada sobre cuáles son los cambios necesarios en la Ley del Suelo, aunque el principal problema está en esa concurrencia de normas municipales y supramunicipales sobre ámbitos coincidentes.

¿Hay que poner freno definitivo al crecimiento urbanístico de los municipios turísticos?

Desde el año 2001 se ha pretendido incrementar la calidad frente a la cantidad, y de ahí derivan las medidas de moratoria turística y de contención del crecimiento. Pero esto no significa una paralización absoluta, sino que las actuaciones que se realicen sean de la mayor calidad. Ese es el caso de la moratoria, cuyo objetivo es la renovación turística en ciudades obsoletas, como pueden ser Puerto de la Cruz o Corralejo. Estas renovaciones hay que fomentarlas a través de inversiones públicas y de la legislación, pues se debe ofrecer alguna compensación normativa a quien se comprometa con este objetivo.

Desde el punto de vista urbanístico. ¿Cuál es su idea de ciudad ideal?

Una ciudad diversa donde los ciudadanos, que tienen también unos estilos de vida muy diversos, puedan desarrollar su vida sin limitaciones frente a los demás. Esto implica compatibilizar ocio con descanso y con atractivos dentro de la ciudad. Una ciudad de calidad implica una movilidad adecuada, donde no existan colas para poder desplazarse de un lugar a otro y con un transporte público adecuado. Todo esto pasa por una planificación previa, pues una ciudad adecuada necesita unos sistemas de ocio que admitan la demanda que exista y que sean aptos para la población existente.

¿Deberían sacarse de las ciudades las actividades industriales y las grandes superficies?

Las grandes superficies, hasta cierta capacidad, pueden estar perfectamente integradas en una ciudad, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta el extraradio, pero las que superen esa capacidad deben estar fuera. Respecto a las actividades industriales, han existido siempre, y de alguna manera dan una visión de la ciudad que tenemos y es la que siempre hemos vivido. Otra cosa son las actividades que sí perjudican, por el ruido o la contaminación que producen, y deberían estar en lugares adecuados.

Parece que está de "moda" imputar a políticos.

En la actualidad el urbanismo se ha convertido en una profesión de riesgo. Ya es raro el día que no vemos en los periódicos que se haya imputado a alguna persona que se dedique a esta labor. Más que una moda, creo que es una pena, porque estoy seguro de que en un 98% los profesionales del urbanismo son igual de honrados que los de otros sectores. Hay una difusión excesiva de la posibilidad de resultar condenado por determinadas cuestiones, y estas muchas veces no llegan, aunque se le da menor difusión a las absoluciones. Es un problema de la sociedad, pues parece que nos regodeamos con el mal ajeno.

Quizás el problema sea las facilidades que da ley para imputar.

Imputar es una garantía, lo que ocurre es que en determinados ámbitos se asocia imputación a precondena. Sin embargo, el derecho penal está ahí, y en mi opinión determinadas personas lo utilizan de una manera excesiva y fraudulenta. El derecho penal está regido por el principio de intervención mínima, que es el que debe seguirse, y mientras existan otros órganos jurisdiccionales donde se puedan discutir los conflictos respecto a las acciones administrativas, deberían ser esos los que decidieran esas cuestiones.