El Defensor del Pueblo ha remitido a las Fuerzas de Seguridad la recomendación de que analicen la posibilidad de adoptar o proponer las medidas que consideren necesarias para asegurar "en la mayor medida posible" la integridad de las maltratadas. Así lo constata esta institución en su informe anual correspondiente a 2010, cuya responsable en funciones, María Luisa Cava de Llano, fue la encargada de entregarlo ayer al presidente del Congreso, José Bono.

La memoria del Defensor subraya que en materia de violencia machista la lentitud en la justicia, la falta de dotación de los equipos psicosociales y diversas cuestiones sobre las casas de acogida son las quejas más frecuentes, como ya adelantó Cava de Llano el pasado mes de noviembre.

El informe hace referencia a varias quejas concretas en este ámbito como la de la hermana de una mujer que en 2007 fue asesinada por su marido en Toledo a pesar de haber presentado horas antes una denuncia contra su agresor y haber solicitado protección.

El Defensor asegura que entonces tanto los agentes de la Policía como de la Guardia Civil actuaron de forma "correcta y ajustada". Sin embargo, la institución comprobó durante la investigación que en el cuartel donde acudió la mujer a presentar la denuncia, el de Fuensalida, en Toledo, no existe una unidad especializada de violencia de género.

Más seguridad

En este sentido, el Defensor hace referencia a que en el protocolo de actuación existente para los casos de maltrato se señala que se potenciará la presencia en todas las unidades de las Fuerzas de Seguridad de funcionarios especializados.

Así las cosas, "por todo cuanto antecede", el Defensor ha remitido a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil la recomendación de que se valore la oportunidad de adoptar o proponer las medidas que se considere necesarias para asegurar, "en la mayor medida posible", la integridad de las víctimas de violencia de género. En concreto, el Defensor hace hincapié en la presencia en todas las unidades de las FSE de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia de género y doméstica, una propuesta que por el momento está pendiente de respuesta.

En el informe dado a conocer ayer, también destacan las peticiones de ampliar el uso de las pulseras GPS en los maltratadores condenados por delitos de violencia de género.