El 35,2 por ciento de los dependientes (361.706 personas) no está recibiendo ningún servicio o prestación a la que tiene derecho, de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, recogidos por Europa Press.

La información estadística apunta que hasta el 1 de marzo de 2011, del millón de dependientes que cuentan con un dictamen favorable (1,05 millones de personas), el 64,8 por ciento son beneficiarias; es decir, 696.366 personas. Esta lista de espera ha crecido desde finales de 2010 debido a que el pasado mes de enero se incorporaron al sistema los "dependientes moderados" (grado 1 nivel 2).

Entre las prestaciones y servicios, las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar continúan siendo las mayoritarias, ya que representan más del 47 por ciento del total, mientras que la atención residencial supone el 15 por ciento, la ayuda a domicilio el 12,2 por ciento, la teleasistencia el 11 por ciento, la prestación económica vinculada a un servicio el 6,6 por ciento, los centros de día el 5,9 por ciento, la autonomía y prevención de la dependencia algo más del uno por ciento y la ayuda económica por asistencia personal el 0,09 por ciento.

La Ley de Dependencia entró en vigor a comienzos del año 2007 con la intención de poner las bases de un sistema nacional de ayuda a las personas dependientes. Para ello, establece tres grados de dependencia.

El primero es la dependencia moderada, que es la que afecta a aquellas personas que precisan de ayuda para realizar actividades cotidianas al menos una vez al día o tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Un segundo nivel es el de la dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no el apoyo permanente de un cuidador.

El grado tres es la gran dependencia, una situación que viven aquellas personas que requieren ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y necesita la asistencia continua de un cuidador a causa de su falta total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Los retrasos en la aplicación de la ley han suscitado quejas de los colectivos de dependientes y frecuentes cruces de críticas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.