Las delgadas líneas que separan la actividad vecinal de la política están la mayor parte del tiempo a punto de cruzarse, puesto que, lejos de ser dos mundos absolutamente separados, se trata de actividades que se desarrollan en espacios comunes. Los dirigentes vecinales son responsables de las políticas que se desarrollan en su barrio; pero también de contactar con los políticos para hacer realidad las demandas. Por ello, no es tan difícil comprobar que en la trayectoria de muchos responsables públicos figura su paso por alguna asociación de vecinos o colectivo, en un intento de estar más cerca de todo aquello que forma parte de su lucha y de las posibles soluciones.
En las próximas elecciones locales de mayo, en las listas de los partidos políticos se han enrolado algunos aspirantes que hasta este momento estaban al otro lado de ese escaso margen que separa a la política de los barrio, una realidad que en el Ayuntamiento de Santa Cruz ya cuenta con antecedentes, con casos como Manuel Vera, conocido por su activismo en la zona de Anaga, igual que Ilda López o Hilario Rodríguez, que proviene del Rastro, en las filas de Coalición Canaria.
También se han dado otros casos donde los representantes de diferentes colectivos han pasado a engrosar la lista y la nómina de asesores del grupo de gobierno, por no hablar del silencioso trabajo que militantes de todas las formaciones hacen desde el barrio o desde el máximo órgano de representación, los tagorores.
En Alternativa Sí se Puede hay hasta cuatro personas que concurren en su lista electoral y que han estado al frente de las reivindicaciones de los habitantes de la mayoría de los distritos de la ciudad, en los que coincide un valor común, su dilatada experiencia al frente de los colectivos y la persistencia que demostraron durante su gestión.
Se trata de nombres tan con conocidos como el de Carmen Elena González, presidenta de la asociación de vecinos Príncipe Ruymán, del barrio de La Salud; Roberto Abdulah, presidente de la asociación de El Tablero; Juan Daniel Marrero, ex presidente de Siete Islas, de El Sobradillo, y Javier Felipe Ramos, miembro de la comisión vecinal de María Jiménez.
Carmen Elena cuenta con 35 años de experiencia en el movimiento ciudadano, tanto en el colectivo que preside desde 1976, como en la Federación La Unión (1992-2001); coordinadora del área de la Mujer de Cavecan (1995-2000) y representante de este órgano en la confederación de asociaciones de vecinos a nivel estatal (CAVE) entre los años 1995-1999. También ha coordinado varios proyectos de igualdad de oportunidades, de mediadoras sociales contra la violencia de género, y ha administrado proyectos con países empobrecidos de comercio justo en los últimos once años.
Javier Felipe es profesor y periodista, y destaca su labor como miembro de la Comisión Negociadora de María Jiménez en la redacción de alegaciones al PGO en la defensa de la desembocadura del barranco de El Bufadero, así como del litoral de este barrio, incluyendo al Balneario o la Batería de San Carlos, como elementos del patrimonio de la zona.
Felipe Reconoce que ha dado el salto a la política porque comparte los postulados ecológicos de esta formación y, por "el trabajo que ha desarrollado en el barrio y por la participación activa que permite a los vecinos".
Roberto Abdulah es administrativo de empresa, y comenzó su andadura política al calor de los colectivos que se han mostrado en contra del PGO de la capital. En concreto, en el barrio de El Tablero, participó en la coordinadora que provocó la dimisión de la directiva de la asociación de barrio más favorable al planeamiento y también colaboró de manera activa en la creación de una gestora formada íntegramente por mujeres.
Impulsor de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, ha colaborado en aspectos relacionados con el urbanismo, y desde su presidencia en el colectivo vecinal ha impulsado, entre otras medidas, la red local de El Tablero, ayudas a familias con dificultades económicas, apoyo al pueblo saharaui, proyectos para mayores, entre otras acciones sociales.
Juan Daniel Marrero estuvo al frente de la plataforma contra el PGO en el año 2004, a raíz de las expropiaciones en el polígono de El Rosario. Ejerció durante unos años una férrea presión sobre el ayuntamiento, para salvar las casas que estaban afectadas. Presidió la asociación de vecinos Siete Islas y fue miembro del tagoror del Distrito Suroeste. Con su presidencia se plantó cara al PGO, a la extracción de áridos en montaña Talavera y a la proliferación de vías en el barrio. En el año 2007 dejó el colectivo vecinal y pasó a la política activa, aunque sin dejar de colaborar con otros colectivos del barrio.