RESULTA difícil entender que en Canarias siga vigente la moratoria turística, y más aun que ninguna fuerza política inste el debate sobre su conveniencia. Puede que esa iniciativa tuviera sentido en aquellas condiciones del entorno o al menos así se justificó; en realidad resulta ser una potente intervención en la actividad económica que beneficia a unos y perjudica a otros.

El legislador entendió razonable, y ahora propongo cuestionar, que en Canarias solo se permita la construcción y puesta en explotación de hoteles de gran lujo, actividad que requiere una enorme inversión de capital y para la cual no todas las parcelas disponibles son aptas. Pretendería homogeneizar la oferta, apostar por el turismo de calidad, loable acción, aunque no tiene por qué ser garantía de éxito; de hecho, no todos nuestros clientes son iguales ni disfrutan del mismo poder adquisitivo.

Las limitaciones de la moratoria apartan del negocio turístico a muchos empresarios (canarios o no) que pudieran estar dispuestos a realizar inversiones más modestas y ¡qué bien nos vendrían! Pudiera ser también que esta estructura legal persiguiera salvaguardar a los que explotan infraestructuras obsoletas que no podrían competir si aparecieran operadores que oferten camas de nueva planta. O que esta alteración premeditada de las reglas del juego del (sagrado) libre mercado tuviera la finalidad de proteger las inversiones de las grandes cadenas hoteleras para liberarlas de competencia. Como vemos, cabrían múltiples conjeturas.

Dicen que no caben más camas turísticas en Canarias, dicen que el territorio no soporta más presión edificatoria? pero, ¿quién lo dice? Destinar suelo a una actividad económica de primer nivel es una decisión inteligente. Suelo que, además, en la mayoría de los núcleos turísticos, ya está urbanizado. Apuestan por la renovación de la planta alojativa, pero "por qué meterme en líos si el que compite conmigo está igual o peor que yo; cuando esto se venga abajo ya veremos que lo que hacemos".

La Administración debe asumir su papel inspector, garante de la normativa aplicable; ser estricta y mandar cerrar al que no cumpla, al que cometa fraude, al que pretenda vender un producto turístico que no llega al mínimo exigible. Las leyes no deben frenar sino regular; la Administración no debe prohibir sino exigir.

Y es fácil. Esta comunidad autónoma tiene un parlamento con capacidad de legislar, que lo haga, que acabe con la moratoria. No podemos esperar más, Canarias debe salir de la crisis ya.