ALGUNOS deberían pensar en lo que denuncian, aunque no sea ante un juzgado sino meramente frente a la opinión pública, antes de presentar la queja porque muchas veces no se percatan de que están tirando piedras sobre su propio tejado. Es el caso del sindicato de profesores ANPE-Canarias con su acusación a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de ejercer presiones sobre los docentes para que suban las notas de los alumnos y no "cante" tanto el fracaso escolar.
Mal está que se haga esto, si realmente se está haciendo; un extremo que desconozco. Pero, dando un paso al límite, ¿quiénes son los responsables primeros y últimos del fracaso escolar? ¿Los políticos o los profesores? No son los políticos quienes, en calidad de tales, entran cada día en un aula a impartir clases. Eso lo hacen los profesores. Se puede responsabilizar a la consejera de Educación, a todo su equipo directivo en la Consejería y, por añadidura, al Gobierno en el que está integrada Milagros Luis Brito de dedicar pocos recursos a la enseñanza. ¿Estamos ante este supuesto? Más bien no. La educación y la sanidad consumen la mayor parte del presupuesto autonómico. Eso al margen de que no es esta región la que menos invierte porcentualmente en el sistema educativo.
En definitiva, habría que preguntar a los profesores por qué califican a sus alumnos con esas malas notas que los responsables de la Consejería quieren mejorar por la puerta de atrás. Suponiendo, lo reitero, que sea ese el caso. ¿Por qué sacan tan malas notas los escolares canarios? Parto del principio -lo dije el otro día, y no soy el primero que lo dice- que un profesor que suspende a la mayoría de sus alumnos se está suspendiendo a sí mismo. Cierto que en la sociedad actual, y de forma concreta en la sociedad canaria de nuestros días, las circunstancias externas a la escuela no favorecen la labor de los maestros -ni aun la de los padres- a la hora de educar a unos infantes y a unos adolescentes intrínsecamente más difíciles que nunca. Sin embargo, es también labor de los profesores poner en juego sus habilidades educativas para conseguir los mejores resultados. Lo contrario supone, simplemente, limitarse a cumplir estrictamente el convenio; es decir, acudir al trabajo a la hora a la que uno debe, hacer lo que estipula el reglamento hasta que llega el momento de salir y hasta luego Lucas. Cien por cien legal, no lo discuto, pero muy poco vocacional.
Todo ello con la salvedad de que bastantes profesores van más allá, incluso mucho más allá, de sus estrictas obligaciones laborales. El 27 de febrero publicaba este periódico un reportaje sobre la exitosa labor de unos docentes de un colegio de Aguamansa -en los altos de La Orotava; quién lo iba a decir- para favorecer una enseñanza diferente, potenciar el cálculo mental y promover el razonamiento que me ha dejado impresionado. Y es que a veces, en vez de quejarse tanto, conviene ponerse manos a la obra para que nadie de la Consejería de Educación -si ese fuese el caso; lo digo por tercera vez- tenga que presionar a nadie para que suba artificialmente las calificaciones, por la escueta razón de que esas calificaciones ya son altas por el mérito de los propios alumnos.