Varias federaciones que aglutinan a las asociaciones de vecinos de la capital se han mostrado partidarias de cambiar la norma que regula el uso de los locales cedidos por el ayuntamiento, a raíz de la polémica que se ha suscitado por las cantinas establecidas en muchos de ellos y que ha derivado en una denuncia por la que se ha abierto un expediente a todas las asociaciones de la ciudad para determinar la situación legal de estos equipamientos.
Desde la Federación de Asociaciones del Litoral Anaguense (Fala) su presidente, Luis Febles, ha afirmado que "nosotros somos anticantinas y partidarios de ubicar máquinas expendedoras". Febles se mostró a favor de regular esta actividad, "limitándola sólo a momentos puntuales como las fiestas de un barrio, pues se trata de un acto lucrativo que le hace competencia a los negocios de su entorno". Señaló que, si la justificación de su funcionamiento es la cobertura de los gastos, "Participación Ciudadana debería pagar las subvenciones en el plazo debido" y modificar la norma que regula el uso de los locales.
El presidente de la FAVET, Pedro Paz, se mostró "absolutamente contrario a que se abra expediente a ningún tipo de asociación, porque todas son sin ánimo de lucro y mantienen las cantinas para hacer frente a los gastos". Rechazó la venta de bebidas alcohólicas en estas cantinas, aunque precisó que "el retraso de las ayudas públicas y su ridícula cuantía es lo que obliga a mantenerlas abiertas".
Desde la Federación de Asociaciones Distritos de Santa Cruz, Juan Carlos Concepción, como presidente, reclamó del ayuntamiento y el Gobierno canario "solventar la situación de irregularidad en la documentación que padecen la mitad de las asociaciones de Santa Cruz, para que se pongan al día". No obstante, sugirió que aquellas asociaciones y colectivos que quieran explotar una cantina "renuncien a las ayudas públicas y que asuman el mantenimiento con los beneficios de este negocio, que debe regular de una vez la corporación municipal".
Además, desde la FADOD, como impulsora de la denuncia que ha derivado en acciones que afectan a más de un centenar de asociaciones de vecinos, grupos del Carnaval o asociaciones culturales y deportivas, su presidente, Evelio de Armas, aseguró que "no es justo que se metan con estos colectivos, sabiendo que antes de tomar esta decisión lo primero que tendría que hacer el ayuntamiento es asumir el gasto y el mantenimiento de los locales, en vez de atacar a las cantinas, que es la única forma de obtener fondos".