Una montaña de dudas

O. GONZÁLEZ, Tenerife

Si alguien pudo pensar que tras casi dos décadas de litigios el proyecto del escultor Eduardo Chillida para la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, se iba a reiniciar sin polémica y sin dudas, erró. La reciente firma por parte del Gobierno canario y la familia Chillida de un protocolo para constituir una fundación que retome el proyecto, no ha hecho más que incrementar los interrogantes que giraban sobre la iniciativa que en su día ideara el artista vasco para tan significativo monumento natural.

Parte de estos interrogantes, otros tantos permanecerán guardados para siempre en las miles y miles de toneladas de traquita que forman la montaña, los pusieron sobre la mesa esta semana, en el Parlamento de Canarias, dos diputados de la isla majorera, Águeda Montelongo (PP) y Domingo Fuentes Curbelo (PSC). Esperaban las respuestas de otro majorero de referencia, Domingo Berriel, también consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero éstas no llegaron.

Así, y sin que nadie se atreva, por el momento, a cuestionar el sentido artístico del proyecto que diseñó el fallecido escultor para Tindaya, socialistas y populares -amén de los grupos ecologistas y la comunidad científica- difieren con el Gobierno en dos cuestiones fundamentales: la idoneidad del momento en el que han retomado la idea -precampaña electoral-, y la estrategia jurídico-administrativa a seguir en adelante.

Domingo Fuentes, por ejemplo, considera dudoso hasta el propio documento firmado hace un mes con la familia Chillida. "Es un engaño, en tanto en cuanto ni hay compromisos nuevos ni tiene valor jurídico", asegura Curbelo, quien precisa que "es, simplemente, una declaración de intenciones". El diputado del PSC detalla que la creación de una fundación no se hace "de la noche a la mañana", al tiempo que recuerda que para hacer la obra "todavía" restan por expropiar terrenos, una operación de la que se desconoce su coste.

Disolución de PMMT

A esto se une, precisa el parlamentario majorero, el desconocimiento que existe sobre cuánto va a costar a las arcas públicas la disolución de la empresa Proyecto Monumental Montaña Tindaya (PMMT), que está ahora en manos del Juzgado de lo Mercantil después de que la junta general de la empresa decidiera su disolución.

Cabe recordar que PMMT está formada por la sociedad pública Saturno y Rafael Bittini, dueño de Canteras Cabo Verde (CCV), la empresa que tenía los derechos de explotación minera de la montaña y por cuya recuperación debió pagar el Ejecutivo regional, hace varios años, casi 6 millones de euros.

Recuerda Curbelo también que queda por aclarar si la primera concesionaria de la obra, la UTE entre FCC-NECSO, quiere ejecutar los trabajos, puesto que se siguen considerando legitimados para hacerlo.

En este sentido, el diputado advierte también que quedan por resolverse muchos litigios pendientes -algunos de ellos con reclamaciones millonarias-, por lo que augura que si el Ejecutivo licita el proyecto "hay a la vista un montón de querellas nuevas".

"A pesar de que todo son incógnitas, el Gobierno se empeña en seguir adelante para sacar un rédito electoral", lamenta Domingo Fuentes, quien asegura que "van a meter el proyecto en un punto sin retorno".

Y si abundantes son las dudas del parlamentario socialista, no son menos las de la popular Águeda Montelongo. La diputada conservadora se pregunta qué va a pasar con los seis millones de euros que restan por devolver del préstamo que pidió en su momento PMMT, y cuánto va a costar la liquidación de la citada empresa.

Montelongo se pregunta si no sería más "lógico" esperar a que se termine de liquidar PMMT antes de que se proceda a convocar el nuevo concurso, una posibilidad que el Gobierno quiere hacer efectiva antes de las elecciones a través de una fundación que aún no se ha creado.

También pone sobre la mesa la parlamentaria majorera por qué el consejo de administración de PMMT, que fue nombrado por el juez, no reclama las cantidades que, supuestamente, debe Rafael Bittini de la amortización del capital de PMMT y de los intereses del préstamo.

En este sentido, se pregunta si el Ejecutivo pretende renunciar a que CCV devuelva el 50% de las cantidades abonadas por PMMT desde 2002 hasta 2009 en pago de préstamos. "Si se disuelve la empresa antes de reclamar estas cantidades se corre el riesgo de no estar legitimados para exigirle a Bittini que ponga el 50% que le corresponde", advierte.

La diputada regional hace hincapié también en las consecuencias que se pueden derivar de la liquidación de PMMT, respecto a la titularidad administrativa de la explotación minera. "Esta concesión es uno de los pocos activos que aún tiene PMMT, por tanto, nos preguntamos si puede afectar esta cuestión a la nueva licitación que pretende el Gobierno", abunda.

Por último, Montelongo llama la atención sobre la cantidad que aportará el Ejecutivo a los 75 millones en los que se ha fijado el coste del proyecto de Chillida, una obra que, sin embargo, sigue siendo para la diputada una "oportunidad" para Fuerteventura y para Canarias.