MIENTRAS todos pensábamos que las denuncias por las que se imputaba a los miembros de la anterior Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona perseguían el castigo de supuestos delitos cometidos durante su mandato; la verdadera razón de dichas imputaciones responde a una estrategia política de lo más enrevesada y rastrera que podamos imaginar.

No se puede obviar el alcance mediático del desprestigio, tanto político como personal, que han sufrido los hasta ahora presuntos autores de dichos delitos. El calvario personal, familiar y social que dichas personas han sufrido es un cargo de conciencia del que nunca podrán ser absueltos los instigadores de esta indeseable situación: doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, don Esteban González y don Antonio Cabrera Expósito.

Durante los primeros compases de la legislatura, estos cabezas visibles del tripartito granadillero se afanaron en convocar ruedas de prensa para denunciar las, según ellos, graves irregularidades cometidas por el anterior grupo de gobierno. Denuncias públicas que perseguían dos únicos objetivos, el primero: el descrédito público; el segundo: la división del PSOE local a través del cuestionamiento interno del liderazgo de Jaime González Cejas, principal objetivo a batir.

Sabedores de la inconsistencia de las acusaciones y, por ende, de la inocencia de los imputados, los tres partidos integrantes del gobierno municipal se han dedicado a ampliar las denuncias aportando supuestos nuevos datos para eternizar el proceso y así la duda y el descrédito.

Pero sus verdaderas intenciones, por increíble que parezca, perseguían un fin mucho más rastrero si cabe. El objetivo no era otro que conseguir que el propio PSC-PSOE insular y/o regional -ambos mejor- vetaran la candidatura del líder socialista a la Alcaldía de Granadilla de Abona, tratando así de influir con sus actos en las decisiones internas de otro partido.

Esta indecente y mezquina campaña ha sido sufragada con dineros públicos destinados a pagar abogados, para acusar a otros miembros de su misma corporación y, a airear el affaire por medio de sus voceros, camuflando los pagos como publicidad institucional. Dineros de todas y todos los granadilleros, que ya suman más de trescientos mil euros; todo con el único propósito de desprestigiar al adversario político, por ser incapaces de gestionar algo que, tal y como reconoció la alcaldesa en el último pleno, refiriéndose al principio de la legislatura, "les quedaba grande".

Afortunadamente para la mayoría social que votó en 2007 por la lista socialista, la fortaleza del liderazgo progresista, con Jaime González Cejas a la cabeza, ha quedado demostrada al cabo de los recientes acontecimientos, en los que el líder del partido más votado de Granadilla ha sido plenamente respaldado por la cúpula del socialismo canario.

Por el contrario, el tripartito se encuentra ahora con una alcaldesa imputada -denunciada por una empresa, no por un partido político-, por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y falsedad documental. Difícil papeleta para los dos restantes socios del tripartito, que ahora no saben cómo explicar que no pactaran con Jaime por estar imputado, mientras mantienen un gobierno acusado de delitos más graves. En mi pueblo a esto lo llamamos complicidad.

Han sido cuatro años de labor de zapa por parte del tripartito granadillero, para obtener unos resultados nada envidiables. Cuatro años, dedicados a sembrar el descrédito y la duda, para encontrarse con una cosecha de incertidumbres sobre su propia credibilidad. Cuatro años metidos en la casa del otro buscándole defectos y la propia sin barrer.

del PSC-PSOE de Granadilla