Sorprendidos por el masivo apoyo popular que han recabado en menos de tres meses. Así se encontraban ayer los representantes de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) Coordinadas y del colectivo Otra Educación Es Posible tras dar registro de entrada en el Parlamento de Canarias a las 35.239 firmas que han recopilado en favor de una "ley canaria de Educación que se base en aumentar la inversión en esta área".

Y es que además de otras propuestas, esta iniciativa legislativa popular (ILP) busca que se cumpla con lo dictaminado por el Consejo de Estado de que las comunidades autónomas destinen el 7% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Educación., ya que, según dijeron, en Canarias ahora mismo el porcentaje es del 4%.

"La pelota está ahora en manos del Parlamento de Canarias", avisó Pablo Santana, miembro de la plataforma Iniciativa por la Defensa de la Escuela Pública Canaria y del colectivo que ha llevado a cabo la iniciativa, antes de recordar que "si no se les hacen caso a estas 35.000 personas, el Parlamento se retratará".

Por su parte, Alicia Reyes expuso que la plataforma tiene previsto continuar en contacto permanente con todos los grupos parlamentarios del presente mandato y los que se formen en la próxima legislatura, que arranca tras las elecciones del próximo mayo, para "no rebajar ni un ápice el contenido de la iniciativa y que salga adelante con los objetivos con los que se ha planteado".

En este sentido, los miembros de la plataforma insistieron en que esta propuesta "obedece a la necesidad de regular y concretar todos aquellos aspectos y particularidades de las Islas que sean diferenciales respecto a la legislación estatal en materia de educación".

La ILP, que parte de un somero diagnóstico de la situación actual de la educación en Canarias, reconoce como los principales males de la educación canaria el abandono y fracaso escolar, la escasa inversión, el drástico recorte en la cobertura de bajas del profesorado, la nula oferta pública de 0-3 años, reducción injustificada de la oferta pública de diversas enseñanzas (formación profesional, enseñanza de idiomas, enseñanza de personas adultas)… datos que, según mantiene este colectivo, sitúan a Canarias a la cola del Estado y de la Unión Europea en inversión y en resultados.

La ley propuesta se compone de una exposición de motivos y seis artículos entre los cuales se explícita que "las políticas educativas de la Comunidad canaria precisan de un cambio urgente y visible de las decisiones en materia educativa, encaminadas a incrementar la calidad, la equidad, la eficacia y la eficiencia del sistema educativo".