El "culebrón" de la playa de Las Teresitas parece no tener fin. Primero fue el varapalo que supuso la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2007 que declaraba contrario a derecho el contrato de compraventa del frente de la playa suscrito entre Inversiones Las Teresitas (ILT) SL y el Ayuntamiento de Santa Cruz por la que el consistorio se hacía con la playa, impidiendo así las construcciones hoteleras, a cambio de 52,58 millones de euros. Tras esté traspié, el ayuntamiento ha reconocido que ILT vuelve a ser la propietaria de las once parcelas del frente de playa, tal y como aparece en el Registro de la Propiedad en ejecución de la citada sentencia del TS.

Sin embargo, desde el PSC y Ciudadanos de Santa Cruz no salen de su asombro porque, precisamente, haya sido ILT la primera en mover ficha y haya presentado una reclamación civil en la que exige al ayuntamiento la volumetría que tenían las parcelas en 2001, así como el pago de una indemnización valorada en 16 millones de euros.

Pese a ello, la sentencia del Supremo también deja claro que no procedía la devolución de precios y fincas porque entiende que se trata de una cuestión civil, lo que trae como consecuencias, en primer lugar, que la compraventa era radicalmente nula y, en segundo lugar, que la sentencia se podía ejecutar pero acudiendo a la jurisdicción civil (lo que ya ha hecho ILT).

Así las cosas, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ángel Martín, ha recordado que el PSC ya había solicitado la devolución de los terrenos y del dinero en multitud de ocasiones, aprobándose, además, una moción por unanimidad para pedir la ejecución de la sentencia.

De esta forma, Martín reclama que el ayuntamiento acuda a la vía civil para reclamar la devolución del dinero que pagó en su momento por una playa de la que ya no es titular y, así, liquidar el contrato, sumando los intereses legales que hayan generado los 52,58 millones de euros.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, defendió en el Pleno del pasado mes de enero la única forma de ejecutar la sentencia es, igualmente, devolviendo las cantidades de dinero al ayuntamiento más sus intereses y devolviendo el ayuntamiento los terrenos que había comprado.

Llegados a este extremo, los grupos de la oposición en el consistorio capitalino critican abiertamente lo que califican de "pasividad" por parte del equipo que dirige Miguel Zerolo para ejecutar la sentencia del TS y recuperar el dinero pagado a ILT.

Asimismo, el portavoz socialista explica que el frente de playa ya no es urbanizable, puesto que después del proceso de compraventa el ayuntamiento modificó la ordenación del Plan Parcial de Las Teresitas para reducir la volumetría permitida.

Para Martín la única salida que le queda al Ayuntamiento de Santa Cruz es intentar negociar con ILT la devolución de la titularidad del frente de playa puesto que la empresa ya habría sido suficientemente compensada con las parcelas obtenidas en el valle de Las Huertas.

Pese a todo, ILT ha decidido acudir a la vía civil después de que no se llegara a un acuerdo con la Gerencia Municipal de Urbanismo para finiquitar el conflicto a través de una indemnización de 16 millones de euros a cambio de retrotraer la calificación del suelo a rústico para impedir que se construya, tal y como aparece en el PGO.

Desde el ayuntamiento se han limitado a confirmar que la sentencia del TS será acatada por lo que los partidos de la oposición esperan a que se les informe sobre posibles medidas civiles interpuestas para conseguir la devolución de una importante cantidad de dinero a las arcas públicas.

la clave

1964: Se constituye la Junta de Compensación de propietarios.

1973: Convenio entre Junta de Compensación y ayuntamiento para la ordenación urbanística.

1986: Modificación y Adaptación del Plan Parcial Playa de Las Teresitas (octubre). Convenio entre la Junta de Compensación y el ayuntamiento (21 de noviembre). El Avance del Plan General propone la reducción de la edificabilidad en más de un 50% y rebajar la altura del frente de playa a seis plantas.

1998: El 26 de junio, la Junta de Compensación vende determinadas parcelas a ILT.

1999: El 27 de octubre, Zerolo dicta un decreto en el que advierte de que no se inicie ninguna actuación urbanística hasta resolver un concurso de ideas. En noviembre se suscriben las bases del concurso y se seleccionan ocho estudios.

2000: El 18 de septiembre se produce el fallo del jurado y se determina como propuesta ganadora la del arquitecto Dominique Perrault.

2001: En julio se redacta un nuevo convenio urbanístico para la Reordenación del Ámbito del Plan Parcial Playa de Las Teresitas y para viabilizar su desarrollo, suscrito por el ayuntamiento y la Junta de Compensación.

2005: En junio, el colectivo Ínsula Viable presenta una primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al ver irregularidades en la operación de compraventa.

2006: El 19 de diciembre Anticorrupción presenta ante el TSJC la querella contra once implicados, entre ellos el alcalde de Santa Cruz.

2007: En mayo, el Tribunal Supremo emite la sentencia anulando la compraventa.