El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo pidió ayer al Gobierno español la suspensión provisional de la expulsión de los 16 saharauis que llegaron a Fuerteventura en patera el pasado 5 de enero, y a los que se les negó el asilo tras su solicitud alegando motivos políticos.

El Ministerio del Interior respetará la petición formulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, según informaron ayer fuentes ministeriales.

El tribunal europeo basa esta petición, que afecta en concreto a 13 de los saharauis, argumentando que necesita más tiempo para estudiar los recursos presentados contra la inadmisión a trámite de sus solicitudes de asilo en España.

En principio, el Tribunal se ha pronunciado sobre los 13 casos que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó el pasado viernes.

No obstante, la organización ha registrado en las últimas horas dos casos más.

Así, son en total 15 saharauis afectados, los mismos a quienes la Audiencia Nacional negó medidas cautelares que impidan la expulsión a Marruecos.

Se trata de una decisión de procedimiento que "no prejuzga" el fondo de la demanda de los solicitantes de asilo, sino que sólo pretende "dar tiempo" al Tribunal para examinar precisamente los recursos presentados por CEAR contra la orden de expulsión del Gobierno contra los saharauis, tal y como explicó el gabinete de prensa de la Corte.

Las fuentes consultadas no pudieron estimar cuánto tiempo necesitará el Tribunal para estudiar la cuestión, pero señalaron que si el Gobierno hiciera caso omiso de la petición de Estrasburgo y continuara con el procedimiento de expulsión, la Corte podría determinar posteriormente que ha violado algún artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuyo cumplimiento vela este tribunal dependiente del Consejo de Europa. En la decisión adoptada por la Corte no hay "ninguna valoración" sobre el eventual peligro que los demandantes de asilo podrían correr si son devueltos a Marruecos, según el gabinete de prensa del Tribunal.

Esta es la "primera vez" que el Tribunal Europeo aplica el artículo 39 de su Reglamento en una decisión relativa a expulsiones desde España. No obstante, sí lo había hecho en ocasiones anteriores con procedimientos de extradición, han precisado las mismas fuentes.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se encargó de presentar estos recursos ante el Tribunal de Estrasburgo después de que la Audiencia Nacional desestimara las medidas cautelares solicitadas por los saharauis, dando así vía libre a las autoridades españolas para ejecutar la orden de expulsión que pesaba sobre ellos desde que llegaron clandestinamente al país.

Razones fundadas

En su apelación, CEAR solicitaba la adopción de estas medidas extraordinarias por entender que estas personas sufrían una persecución en Marruecos por su condición de saharauis y que, además, corría peligro su integridad física si eran expulsados porque sus nombres y circunstancias personales habían sido difundidas en los medios de comunicación, de modo que "existe riesgo de un daño irreparable". Según explicó el secretario general de la organización, Alfredo Abad, el objetivo es conseguir que las solicitudes de asilo presentadas por estas 16 personas sean admitidas a trámite por el Ministerio del Interior y estudiadas en profundidad, ya que, tanto CEAR como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), consideran que hay "razones fundadas para ello".

El Tribunal se ha pronunciado ya sobre tres de los casos y, en dos de ellos, deniega la suspensión pedida.

Sin embargo, en el tercer caso la Audiencia Nacional ha decidido "suspender la ejecución de la Resolución del Ministro del Interior de 19 de enero de 2001, mediante la que se desestima la petición de reexamen", y convocar tanto al letrado del saharaui en cuestión y la Abogacía del Estado a una comparecencia.

En total, la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse en los próximos días sobre los recursos presentados por los 13 saharauis restantes.

Los 15 saharauis se encuentran todavía en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Barranco Seco (Gran Canaria) en espera de una resolución definitiva sobre su futuro.