El representante del Foro Social Mundial de las Migraciones Iván Forero aseguró ayer que el derecho de asilo en Europa está en peligro de extinción, después de que el Gobierno español sólo admitiera a trámite seis de las 22 peticiones presentadas por los saharauis que llegaron a Fuerteventura.

"Hoy en día podemos afirmar que el derecho de asilo en Europa es un derecho en extinción y que hay una política sistemática para impedir que se pueda aplicar", opinó Forero.

El experto en derechos humanos indicó que la injusta situación que está viviendo el pueblo saharaui se presenta en otras latitudes y regiones de Europa, motivo que lleva a que se estén creando mecanismos para que sea en terceros países, fuera de la UE, donde se pueda asumir esa protección internacional.

El Congo, Costa de Marfil, Níger, Sahara Occidental, Irak y Colombia son los principales países de donde proceden la mayor parte de extranjeros que piden asilo en Europa.

De entre todos ellos destacó el caso de los iraquíes, quienes se han desplazado hasta El Cairo (Egipto) para pedir allí asilo político en la embajada española, sin repuesta positiva por parte del Ejecutivo de España. También el de los colombianos, muchos de ellos huidos a Ecuador, donde hay 500.000 refugiados y solo a 55.000 se les ha dado asilo.

Situación muy difícil

De la situación de los saharauis, que calificó como "muy difícil", le echó la culpa a España, ya que, según contó, la responsabilidad jurídica la tiene la potencia ocupante inicial hasta que no se defina la situación, es decir, hasta que se resuelva el contencioso que daría la autodeterminación al pueblo saharaui. Forero no sólo criticó que el Gobierno español no dé refugio a los 22 saharauis que arribaron en patera la primera semana de enero a Fuerteventura, sino que opinó que está "fuera del sentido común y de cualquier ética que España no asuma como propio el problema de los saharauis".

Razones económicas y evitar problemas con otros países son los motivos por los que apenas se concede refugio en Europa, indicó Forero, quien explicó que "cuando se da refugio a una persona queda en evidencia que se están violando los derechos humanos en su país de origen". En el caso de los saharauis, el Gobierno sólo dio estatuto de refugiado a 10 de 738 marroquíes y saharauis a lo largo de cuatro años, de 2006 a 2009, según datos de la Oficina de Asilo dependiente del Ministerio del Interior.