El Gobierno de Canarias ha apelado hoy a la dispersión geográfica y poblacional de las islas canarias y al interés general que despierta un "derbi" como el que enfrentará mañana al CD Tenerife y a la UD Las Palmas para declarar el partido de interés general.
Tal y como se publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Milagros Luis Brito, recuerda que el hecho de que la población canaria esté dispersa en ocho islas supone un "claro hándicap" para acudir al recinto de juego como espectadores directos.
Se considera además que la declaración de interés general de un partido entre "los máximos rivales de las islas en el fútbol de elite "está justificada por su gran impacto social, ya que "la práctica totalidad de los canarios" sitúa este evento en el "punto álgido de sus relaciones dentro del ámbito deportivo".
Se trata de un acontecimiento deportivo con una "relevancia y trascendencia social incuestionable" dado que se enfrentan los dos máximos representantes canarios en el fútbol nacional, incide el Ejecutivo regional.
En el presente caso, recuerda, se da la circunstancia además de que hace más de un año que los dos equipos no se encuentran en la misma división, pues el último encuentro en el que coincidieron en un campeonato de liga el celebrado en la jornada 34, de 25 de abril de 2009, correspondiente a la temporada 2008-2009, que se emitió por televisión "en directo y en abierto" para toda la Comunidad Autónoma.
Son por todos estos motivos, publica el BOC, por lo que el Gobierno de Canarias ha decidido declarar el partido que enfrentará mañana al Club Deportivo Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas "de interés general".
Asimismo, recuerda que contra esta orden podrá interponerse un recurso potestativo ante la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes desde la notificación, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el plazo de dos meses.