La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a 42 personas, entre las que se incluyen un director de una sucursal bancaria y el director de una oficina de una caja de ahorros, por su presunta pertenencia a una red organizada dedicada a la obtención de préstamos bancarios utilizando documentación falsa, medio a través del cual han defraudado en torno a dos millones de euros a 60 afectados, 15 de los cuales se encuentran entre los detenidos. La presunta estafa la lideraba una empresa mercantil dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado y las víctimas eran, en la mayor parte, personas de escaso nivel económico y de formación. La organización les ofrecía la oportunidad de saldar sus deudas a cambio de un contrato de compra-venta "ficticio" de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de la empresa y contra las que pedían un préstamos hipotecario.
Así, la operación denominada ''Capital'', que se inició el pasado mes de septiembre de 2010, ha sido dada a conocer este jueves en rueda de prensa por el inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano. El mismo, ha explicado que, como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de 42 personas, 27 de ellas miembros de la organización y a quienes se imputa los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y en algunos casos falsificación de documentos, mientras que los otros 15 forman parte de los afectados y están imputados por haber colaborado en la falsificación de los documentos.
Sevillano ha detallado que la presunta estafa la lideraba una empresa mercantil dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado. Y sobre el ''modus operandi'', ha precisado que la organización entraba en contacto con personas de escaso nivel de solvencia económica y de formación, fundamentalmente ciudadanos en paro o con un empleo pagado con dinero negro, a quienes conocían "a través de directores bancarios que conocían la problemática de sus clientes, de agentes externos y a través de las listas de viviendas a subastar publicadas".
De esta manera, les ofrecía la posibilidad de saldarles todas las deudas a cambio de realizar un contrato de compra-venta "ficticio" de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de la empresa y contra las que pedían un préstamo hipotecario. Según el responsable policial, al frente de la empresa se encontraba un administrados único y "máximo" responsable de la misma, con quien colaboraban fundamentalmente un informático y dos falsificadores, uno dedicado a la elaboración de la documentación falsa y el segundo de ellos dedicado a la fabricación de sellos de empresas y organismos público y privados.
Dentro de esta "laboriosa" operación, que se ha desarrollado entre septiembre y diciembre de 2010 y que continúa abierta ya que se conoce que la empresa ha operado también en Cádiz y en Córdoba, se han realizado registros domiciliarios en la propia sede social de la empresa, en el domicilio particular del responsable de la misma, en el de la persona dedicada a falsificar documentos y en el de la persona que fabricaba los sellos. Además, diez de los 42 detenidos han sido puestos a disposición judicial quedando en libertad con cargos y la Policía está investigando al notario que firmó el 95 por ciento de estas operaciones fraudulentas.
LOS DIRECTORES COBRABAN 5.000 EUROS POR CADA CRÉDITO
La propia organización era la que presentaba en las entidades bancarias implicadas documentación "falsa" consistente en nóminas --en la investigación se ha dado con una nómina de Lipasam--, informes de vida laboral, contratos de conversión en trabajadores indefinidos y declaraciones de la renta, todo ello al objeto de "poder justificar unos ingresos solventes con los que hacer frente al futuro préstamo". "Si la empresa no conseguía el préstamo, la casa ya estaba a su nombre, y la víctima se quedaba sin préstamo y sin vivienda", ha apostillado Sevillano.
Según ha añadido, el préstamo se conseguía "en connivencia" con los directores bancarios detenidos, los cuales "miraban para otro lado" y concedían préstamos a personas con escasos recursos económicos, para lo que "engañaban" al banco o a la caja de ahorros, ya que "daban solvencia a personas que no eran solventes". El responsable policial ha dado a conocer que, por cada crédito hipotecario concedido en estas circunstancias, los directores bancarios cobraban unos 5.000 euros. Una vez concedido el crédito, se retiraba el dinero y la empresa se quedaba con el mismo, mientras los afectados se hacían cargo de la hipoteca.
La tasadora de la vivienda también formaba parte de la organización, tasando por encima de su valor y consiguiendo la máxima tasación posible, incrementando con ello el préstamo hipotecario conseguido. Por tanto, las ganancias se encontraban entre el crédito concedido y el valor real de la casa. Es decir, y en resumen, la estafa se producía cuando la empresa revendía la vivienda a las víctimas --15 de las cuales han sido detenidas por autorizar la falsificación--, una vivienda que con anterioridad se había puesto a nombre de la empresa responsable de la estafa a cambio de que ésta se hiciera cargo de las deudas.