El documento del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz que fue aprobado por el ayuntamiento el pasado 21 de diciembre entra en la recta final de su proceso de exposición pública y la presentación de alegaciones ciudadanas se multiplica exponencialmente. De esta forma, la Plataforma No a este PGO calcula en más de diez mil las alegaciones que serán presentadas.

Asimismo, esta cifra será sensiblemente más alta si, como cabe esperar, en el transcurso del pleno que se celebrará mañana se aprueba prorrogar el plazo de información pública del PGO. Prácticamente se da por hecho que habrá acuerdo en este punto y sólo se debatirá el tiempo de más que se expondrá al público. En principio se dará por buena la propuesta que presentará Ciudadanos de Santa Cruz en forma de moción para ampliar el plazo hasta el próximo día 12 de febrero.

Cabe recordar que las voces contrarias al Plan General habían mostrado su malestar por que el documento saliera a exposición pública el pasado 24 de diciembre, ya que al comenzar a contar el plazo de un mes el día 25 de diciembre (festivo), la Gerencia Municipal de Urbanismo no expuso la documentación hasta el lunes siguiente, día 27 de diciembre, además de no poder consultar los vecinos la información un total de seis días inhábiles, que fueron festivos.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma No a este PGO, el abogado Felipe Campos, reiteró que, en contra de lo que dice el reglamento del planeamiento, el secretario de Urbanismo, Víctor Reyes, continúa sin diligenciar, rubricar y foliar todos los documentos que integran el PGO, por lo que entiende el proceso como "nulo" al incumplir los requisitos formales que sirven para acreditar que el documento es auténtico ya que debe constar la firma del secretario en todos los folios y, por el contrario, sólo aparece en el primer folio de cada tomo. Además, la normativa también exige la presencia de un plano en el que los ciudadanos puedan saber si el régimen jurídico de su vivienda se modifica o no.

Campos expuso que la acreditación de la autenticidad del documento es "esencial" para impedir que pueda ser modificado con posterioridad. Por ello, la Plataforma podría presentar alegaciones por cuestiones de legalidad que se presentarán después de una posible aprobación provisional por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno de Canarias.

Las alegaciones

La gran cantidad de ciudadanos que han acudido a la oficina abierta por la Plataforma para asesorar sobre el proceso de presentación de alegaciones al PGO (hasta 900 personas en un día) ha hecho que esta iniciativa se haya convertido en la gran apuesta de los contrarios al planeamiento. Las alegaciones planteadas por los ciudadanos tienen que ver, mayoritariamente, con conflictos sobre edificios que permanecen en régimen de "fuera de ordenación", las construcciones en barrancos y laderas que superan el 50% de pendiente y sobre los conjuntos históricos. Asimismo, la Plataforma presentará alegaciones contra una parcela en La Gallega cuyo suelo se recalifica como uso residencial en contra de las directrices del PIOT y contra determinados aprovechamientos en áreas colmatadas como el aumento de altura del edificio de La Moderna. Por su parte, el PSC y Ciudadanos de Santa Cruz centrarán sus críticas en el caso de Costa Cardón ya que el PGO mantiene una parte de su suelo como urbanizable, mientras que en el PIOT aparece como suelo de protección ambiental, las construcciones en barrancos, los edificios en altura que persisten en zonas colmatadas y la revisión de los espacios verdes tras la recalificación de Las Mesas.

el dato

La Clínica Parque ya está en Fiscalía

El letrado Felipe Campos, portavoz de la Plataforma No a este PGO, presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por posible prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios cometidos por el concejal nacionalista Manuel Parejo cuando era el máximo responsable de Urbanismo del ayuntamiento y al mismo tiempo copropietario de la empresa sanitaria Clínica Parque, a la que concedió una licencia presuntamente ilegal para ampliar la estructura en dos plantas. Campos expone en la denuncia que el citado centro hospitalario es un edificio que contaba con seis plantas y en el planeamiento vigente (1992) se le reconocían cinco, por lo que el edificio quedaba fuera de ordenación; en 2003, cuando se revisa el plan, pasa a las seis plantas que tenía realmente, entrando en ordenación. Sin embargo, entre los años 2004 y 2005, coincidiendo con la compra del negocio sanitario por una serie de médicos, entre ellos Parejo, se hizo una obra de reforma presuntamente ilegal en la que pasó a tener ocho plantas que ahora el nuevo PGO legaliza.