La Conferencia Eurocentroamericana recomendó hoy en un comunicado "el arresto y enjuiciamiento en Haití del exdictador Jean Claude Duvalier" para que responda "a las acusaciones por crímenes contra las personas y grave actos de corrupción durante su mandato".
El presidente del organismo, David Balsa, indicó que el retorno de Duvalier, quien llegó a Puerto Príncipe el domingo tras 25 años de exilio, "tiene una evidente finalidad política" y pretende "entorpecer la búsqueda de una solución dialogada a la actual crisis electoral e incrementar la inestabilidad política en Haití".
Haití está pendiente de la decisión de sus autoridades electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) efectuara un informe sobre las elecciones presidenciales del 28 de noviembre.
Ese informe, según versiones extraoficiales divulgadas por medios de comunicación, recomienda que la ex primera dama Mirlande Manigat y el candidato Michel Martelly disputen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en detrimento del candidato oficialista, Jude Celestin.
El expresidente de facto Duvalier fue interrogado hoy en el hotel en el que se hospeda y después llevado por las autoridades a la Fiscalía de Puerto Príncipe para continuar con la toma de declaración.
También llamado "Baby Doc", Duvalier gobernó entre 1971 y 1986 como sucesor de su padre, Francois Duvalier, quien lo había hecho desde 1957.
La familia Duvalier lideró un régimen al que se considera responsable de numerosos crímenes y del desvío de sumas millonarias pertenecientes a los fondos del Estado.
En 1987 fue juzgado ante un tribunal por una demanda civil por el presunto desvío en provecho propio de 120 millones de dólares de fondos del Estado, y en 1991 se presentó otra demanda por el supuesto robo de 800 millones que al parecer tenía en distintos bancos de EEUU, Suiza y Francia.
La Conferencia Eurocentroamericana consideró que el exmandatario debe responder de cargos por "asesinato y desaparición de oponentes políticos y corrupción, así como desvío de fondos públicos".
Según el organismo, debe ser también juzgado por "desvío de fondos públicos y sustracción de las ayudas internacionales a la República de Haití durante su mandato, en particular las concedidas por la comunidad internacional tras los huracanes de finales de la década de los setenta en el país caribeño, que nunca llegaron a la población damnificada".