Un anuncio en internet resulta claro y directo. "Matrimonio de conveniencia-Tenerife. Busco mujer extranjera, de cualquier país, que necesite matrimonio de conveniencia. Vivo en Tenerife". Está fechado hace poco más de un mes, el 9 de diciembre del año pasado. El demandante deja su correo electrónico y su número de móvil. Al llamar a dicho teléfono, sólo salta un contestador y una voz de varón, con acento latinoamericano, que únicamente dice: "Hola". También se da el caso contrario. Una mujer que se identifica como Cristina se ofrece en la red para casarse de forma irregular. Y, en la misma página, un varón, que asegura ser del norte de Marruecos, le ofrece 8.000 euros por la operación.

Estos son dos ejemplos de que las bodas fraudulentas son un negocio, que se basa en la necesidad de algunos inmigrantes en situación irregular de conseguir la nacionalidad española, a cambio de pagar una cantidad de dinero que varía, según los casos. Y, al parecer, la crisis no ha significado un descenso significativo del problema.

El juez de Paz de Guía de Isora, Jorge Vargas, explica que, de todas las solicitudes de matrimonios que llegaron a la institución en 2010, que ascendieron a 80 aproximadamente, alrededor de la mitad fueron de parejas que levantaron sospechas de irregularidad.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife comentaron que, sólo en los últimos meses del año 2007, hubo 17 detenidos relacionados con este fenómeno de picaresca. Un ejemplo de la evolución de esta realidad lo demuestra la estadística ofrecida por el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, quien apuntó que, si en 1994 hubo 435 matrimonios mixtos, en 2006 dicho parámetro se elevó a 1.638.

Ante el aumento de este tipo de situaciones, Jorge Vargas, junto a los jueces de paz de Adeje, Sebastián Bello, y Santiago del Teide, Alexander Socas, organizan desde hace varios años unas jornadas orientadas a mejorar la formación de los profesionales y la coordinación entre los recursos policiales, judiciales y administrativos para luchar contra estos casos.

Según Jorge Vargas, las nacionalidades de las personas que optan por los matrimonios "blancos" , con el fin último de poder trabajar y quedarse en Europa son, en su mayoría, inmigrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Marruecos o Nigeria.

Pero no son los únicos. Así, por ejemplo, el 30 de octubre de 2007, policías nacionales de la Comisaría del Sur y de la Policía Local de Santiago del Teide detuvieron a una alemana y a un chileno acusados de dicho delito. Es decir, que en este asunto tampoco caben tópicos.

La investigación de tales bodas corresponde a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, que, en determinados casos, se basa en los agentes de las comisarías locales. De forma paralela al fuerte crecimiento demográfico registrado en el Sur de Tenerife en las últimas dos décadas, fundamentado en la llegada de personas procedentes de Europa, África, Sudamérica y Asia, dicha comarca ha sido escenario de diversas operaciones. De hecho, el espectacular aumento de las celebraciones de matrimonios en el Juzgado de Paz de Guía de Isora levantó sospechas entre los investigadores y en mayo de 2010 se llevó a cabo una entrada con orden judicial en el Registro Civil de la localidad.

El caso continúa abierto, bajo secreto de sumario, y el secretario de la institución quedó imputado en el marco de la operación.

Sobre este caso, Jorge Vargas prefiere no pronunciarse, puesto que la causa sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arona.

En los pueblos relativamente pequeños, uno de los indicios para saber si una boda ha sido "arreglada" de forma irregular es que a los extranjeros no comunitarios no se les ve por el municipio después de la ceremonia civil. Vargas explica que, cuando dos personas manifiestan su intención de casarse, deben entregar diversa documentación en el Registro Civil. El segundo paso consiste en tomar declaración a dos testigos, que deben certificar que los contrayentes se conocen y realmente integran una pareja sentimental.

Además, personal del Juzgado mantiene una entrevista privada con cada miembro del futuro matrimonio, con el objetivo de determinar si conoce varios aspectos de la otra persona y que resultarían obvios en una relación convencional.

Con las conclusiones de dicha audiencia, las declaraciones de los testigos y la documentación aportada se elabora un expediente que se remite a la Fiscalía, que informará de forma positiva o negativa, según aclara Vargas.