Santa Cruz de Tenerife
MARRUECOS / SAHARA OCCIDENTAL

Un informe dice que la falta de libertades y los problemas económicos crearon los sucesos en El Aaiún

Rabat, EFE
14/ene/11 18:32 PM
eldia.es

Los violentos incidentes de noviembre en El Aaiún (Sahara Occidental) tuvieron su origen en "un territorio en disputa internacional, que sufre problemas socioeconómicos y limitaciones de las libertades, en el que siguen sin resolverse graves abusos de derechos humanos del pasado".

Así lo consideran once organizaciones no gubernamentales (ONG) marroquíes, que presentaron hoy en Rabat un informe en el que se ponen de relieve numerosas violaciones contra los derechos humanos en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdaim Izik el 8 de noviembre y los posteriores disturbios en El Aaiún.

El estudio detectó, según los testimonios recogidos sobre el terreno, un fuerte sentimiento de discriminación de los saharauis frente a los civiles marroquíes residentes en ese territorio y frente a las personas que han regresado de los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), quienes gozan de mayores privilegios.

El documento explica también que los sucesos de El Aaiún no fueron algo aislado, ya que se trata de la continuación "de los acaecidos en la ciudad de Smara el 17 de noviembre de 2001 y en El Aaiún en 2005, y todos se basaron en reivindicaciones sociales".

Según el informe, la participación masiva de saharauis en el campamento de Gdaim Izik se debió, en parte, al cierre de una conservera de pescado que empleaba a 600 personas, a la lucha contra el contrabando -que dejó a mucha gente sin ingresos- y a la crisis económica en España.

Las ONG critican también a la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), creada en 2003 para investigar los abusos sobre opositores y activistas durante la segunda mitad del siglo XX, y al Comité Consultivo de Derechos Humanos (CCDH), órgano que vela por el seguimiento y el cumplimiento de lo acordado.

Según el informe, los saharauis estuvieron mal representados en la IER, y ésta "no fue clara en la veracidad de las violaciones cometidas en el Sahara", por lo tanto "el Estado dejó pasar una preciosa oportunidad de reconciliación al tratar de una forma incompleta graves abusos de los derechos humanos".

Respecto a la posterior revuelta en El Aaiún, tras el desmantelamiento de Gdaim Izik por parte de los cuerpos de seguridad marroquíes, subraya que estuvo marcada por las numerosas violaciones de derechos humanos a cargo de las fuerzas de seguridad marroquíes, de grupos de saharauis y de civiles marroquíes.

Estos últimos "saquearon y robaron viviendas, vehículos y bienes de numerosos saharauis sin provocar la reacción de las fuerzas públicas que, por el contrario, apoyaban a los agitadores".

"Años de esfuerzo de cohabitación pacífica y relativamente armoniosa entre saharauis y marroquíes quedaron así reducidos a nada", sentenciaron varios de los testigos que dieron su testimonio a las ONG.

Los disturbios en la capital administrativa del Sahara Occidental, los más violentos en la ex colonia española desde hace dos décadas, se saldaron con la muerte, según el balance de este informe, de dos saharauis y once miembros de las fuerzas de seguridad.

Entre las violaciones mencionadas en el documento destacan la tortura y el maltrato, la utilización abusiva de la fuerza, la violación del derecho a la vida, el ataque contra bienes para su pillaje o destrucción y la falta de garantías de un juicio justo frente a un tribunal militar.

Veinte saharauis serán juzgados ante un tribunal militar por su responsabilidad en los sucesos, desatados tras el desmantelamiento de Gdaim Izik, mientras que más de 130 fueron presentados ante la justicia civil.

Asimismo, el informe se muestra crítico con las limitaciones impuestas por el Estado marroquí a los medios de comunicación, a muchos de los cuales se impidió viajar a El Aaiún para informar sobre el terreno.

Al mismo tiempo, las ONG llaman la atención sobre las faltas contra la deontología periodística cometidas a su juicio por ciertos medios de comunicación españoles, así como sobre la poca objetividad de algunos medios marroquíes.

Por todo ello, las asociaciones -varias de las cuales se encuentran entre las más prestigiosas e independientes de Marruecos- reclaman a las autoridades que se abran investigaciones independientes sobre las violaciones de los derechos humanos y para identificar a los responsables de los hechos.

También piden a los partidos políticos que asuman su parte y no dejen en las manos de los poderes públicos la investigación de los hechos, a la vez que instan a los medios de comunicación, tanto marroquíes como españoles, a respetar las reglas de la deontología y no atizar el odio entre comunidades.

Entre las once asociaciones que elaboraron el informe se encuentran algunas tan representativas como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos o el Forum Verdad y Justicia.