El Tribunal Constitucional (TC) italiano invalidó ayer algunos de los puntos esenciales de la polémica ley del legítimo impedimento, a la que el primer ministro Silvio Berlusconi se había acogido hasta ahora en reiteradas ocasiones para no declarar en los procesos judiciales que tiene pendientes.
Con doce votos a favor y tres en contra, el TC anuló parcialmente la norma e interpretó algunos de sus puntos, con un fallo que, esencialmente, deja a discreción de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario de las vistas.
El TC puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato de legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.
Así, el TC abre la puerta a que se retomen los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, los conocidos como "caso Mills" y "caso Mediaset", que quedaron suspendidos a la espera del fallo de ayer.
En ambos, Berlusconi se acogió a un "legítimo impedimento" para no acudir a las vistas, lo que llevó a los tribunales a pedir la intervención del TC, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna.