Los cien miembros del PSC que han presentado medidas cautelares contra la decisión de la dirección regional del partido de constituir gestoras en Santa Cruz y en la Secretaría General Insular de la Isla de Tenerife deberán esperar aún cinco días para saber si el auto de la juez es favorable a sus tesis contra una decisión que consideran vulnera su derecho constitucional a la participación.

Ayer se celebró la vista en el Juzgado de Primera Instancia, número 6 de la capital tinerfeña, donde ambas partes expusieron sus argumentos jurídicos y, donde la Fiscalía se adhirió a la parte demandada, lo que significa que defiende las tesis de la federal y regional socialista en contra de las medidas cautelares impulsadas pro los críticos de la formación y, consecuentemente, que las gestoras fueron creadas por el órgano competente y de acuerdo a la normativa.

El abogado de la parte demandante, el también militante del PSC Raúl Alonso, explicó que durante la vista se ratificó en todos los argumentos de su demanda, e indicó que el futuro de este proceso pasa por "mantener nuestra razón jurídica" en un asunto que "trasciende del PSOE, pues la concesión de las medidas cautelares suponen una situación más democrática que el mantenimiento de la situación actual, ya que se permitiría a los militantes elegir a sus candidatos como marcan los estatutos del partido".

Es más, el letrado advirtió que la resolución judicial pone en juego "la credibilidad del sistema".

Para Alonso, la adhesión de la Fiscalía a la parte demandada "no es concluyente", pues remarcó que "quien ostenta la potestad jurisdiccional es la juez", aunque no ocultó que esta situación "a mi no me gusta".

No obstante, señaló que el plazo procesal para dictar el auto se producirá en cinco días, en función de la carga de trabajo de los tribunales, "tras cuya publicación y notificación a las partes, luego se abre otro plazo de 20 días para presentar recurso ante la Audiencia Provincial y para presentar la demanda principal", vía que también seguirán "por una cuestión de principios", dijo el letrado que defiende el punto de vista de los miembros del partido que fueron relegados de sus cargos y otros militantes por la decisión de constituir gestoras.

Alonso señaló que "estoy convencido de que se acabará en la última instancia judicial", y recordó que la solicitud de medidas cautelares se sustentan en que este proceso se prolongará más allá de las elecciones. Al respecto, explicó que si el auto les da la razón, "si bien el proceso de selección de candidatos no se suspendería, por lo menos participarían los militantes en asamblea aunque ya no fueran unas primarias", pues aclaró que "con la creación de las gestoras ahora ya no tienen derecho a voto".

El partido

El abogado del partido, Javier Ledezma, alegó falta de legitimación porque parte de los impulsores de las medidas cautelares, bajo el argumento de que habían expresado su voluntad de abandonar la formación socialista, algo a lo que Raúl Alonso respondió que "el censo del PSOE quien único lo tiene es la Oficina Federal de Censo, que es quien lo certifica, y nadie ha aportado ninguna baja, puesto que no se han producido". Además, Ledezma justificó la implantación de gestoras como medida para garantizar la unidad y jerarquía del PSOE, así como reponer la normalidad frente a la conflictividad interna que se daba en Tenerife.

Por su parte, Carolina Darias, candidata del PSC al Cabildo grancanario, reconoció que confía en que los jueces "den la razón a los órganos de gobierno de los socialistas" sobre las decisiones tomadas para la constitución de las dos gestoras.

Darias no ocultó que deseaba que la decisión de la Ejecutiva Regional y la dirección Federal de los socialistas sea tenida en cuenta por los tribunales.