La corrupción en las instituciones ya tiene un nuevo episodio, esta vez en Palma de Mallorca donde se ha llevado a cabo la ''operación Cloaca'', en torno a una presunta emisión de facturas falsas y cobro de comisiones desde el departamento perteneciente al Consell de Mallorca, hechos por los que se habría desviado aproximadamente un millón de euros desde el año 2005 a través de la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos. Como resultado de esta operación, la Policía Nacional ha detenido a un total de cuatro personas. Al respecto, los diferentes partidos que integran el Consell se han mostrado cautos a la hora de valorar este nuevo caso y han preferido esperar a conocer más detalles de esta operación que se mantiene abierta en este momento y bajo secreto de sumario. Por su parte, la portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consejera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, se ha desvinculado de la trama y ha afirmado que ella "firmaba las facturas, pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios".

De acuerdo a las investigaciones, la trama se habría iniciado después de que las concesionarias comenzasen a ver en los Ayuntamientos una competencia desleal, ya que las corporaciones municipales también podían encargarse de la gestión de la recogida selectiva, lo que les generaba pérdidas al no recibir tantas toneladas de restos sólidos para su tratamiento y verse de este modo afectado su equilibrio económico-financiero.

Entre los detenidos se encuentra un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), así como un responsable de una empresa de Manacor, encargada de controlar los expedientes que la institución insular tenía con FCC y Melchor Mascaró. Además, los agentes también han arrestado a la directora financiera de la empresa constructora Melchor Mascaró, María Mascaró, y el ingeniero técnico industrial encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores de recogida selectiva de la isla, Gabriel Perelló.

Según fuentes policiales, se ha llevado dos registros en la sede de FCC y en una de las empresas de Manacor. La policía y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, interrogaron en la tarde de este jueves a los cuatro detenidos y barajan la opción si los dejan en libertad o si duermen en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en Palma.

Cabe señalar que Unió Mallorquina ha estado al frente de la gestión de residuos en la pasada legislatura y en la actual, hasta febrero que la ruptura del Pacte, que supuso la expulsión de UM de las Instituciones.

El consejero de Presidencia del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, ha revelado que el caso llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría "al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros".

Estas irregularidades afectan a la recogida de residuos sólidos y urbanos de la Part Forana desde el año 2005, si bien no se pudo concretar que estas presuntas "irregularidades" afectaran a años anteriores. "Yo no puedo decir en este momento si las irregularidades comenzaron inmediatamente o comienzan después, pero lo que está claro es que el contrato comienza en la anterior legislatura", ha dicho.

Según Bonet, las presuntas irregularidades se detectaron durante una inspección ordinaria realizada en este departamento durante el verano, situación que se puso en conocimiento de los servicios jurídicos de la Institución y fueron ellos mismos los que recomendaron poner en conocimiento los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para que fuese investigado.

"Nosotros lo que hicimos fue encargar una auditoria interna, para determinar si había cualquier tipo de delito", ha subrayado para a continuación mostrarse prudente a la hora de avanzar más detalles a los periodistas puesto que desconocía el contenido de la auditoria en cuestión. A este respecto, el consejero de Presidencia ha querido expresar el máximo respeto a la investigación que está en marcha, al tiempo que mostró la disposición de la institución a colaborar con la Justicia ante este nuevo caso de presunta corrupción.

JULVE SE DESMARCA DE LA TRAMA

Una vez conocido el caso, Julve, se ha desmarcado de forma tajante de estas pesquisas, con las que asegura "no tener nada que ver". Además, ha defendido que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban infladas o no. "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", ha recalcado.

Es más, ha negado haber llevado a cabo cualquier tipo de modificación de contratos para beneficiar a las empresas concesionarias de la gestión de residuos sólidos, entre ellas Tirme, e incluso ha asegurado que ni estas compañías ni el ingeniero técnico industrial encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva así como de controlar la ubicación y gestión de los contenedores de recogida selectiva de la isla, Gabriel Perelló, detenido este jueves dentro de este nuevo caso, se dirigieron a ella para promover estas supuestas irregularidades.

Finalmente, ha incidido en que la adjudicación de estos servicios desde el Consell a estas empresas fue materializada en 2003, cuando el departamento de Medio Ambiente, ha señalado, se encontraba en manos del consejero Miquel Àngel Boorràs.

PRUDENCIA Y CAUTELA ENTRE LOS GRUPOS

A este respecto, los portavoces de todos los partidos políticos que integran el Consell se han mostrado cautos a la hora de valorar este nuevo caso de presunta corrupción política y han preferido esperar a conocer más detalles de esta operación que se mantiene abierta en este momento y bajo secreto de sumario.

El portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Miquel Ramón, ha señalado que "nosotros nunca hemos tenido nada que esconder, nos gusta que se investiguen las cosas", porque desde la formación "siempre hemos apostado por la transparencia" en la gestión. Además, ha afirmado que el Consell "tiene las puertas abiertas" a la investigación.

En declaraciones a la prensa, Ramón ha considerado prematuro emitir valoraciones sobre la operación, si bien ha señalado que la Institución Insular colaborará en todo lo que sea necesario para el correcto desarrollo de la investigación. Desde el PP, su portavoz, Fernando Rubio, ha reclamado "cautela y respeto total" hacia el trabajo que está desarrollando la Justicia como siempre han hecho con otros casos.

Asimismo, la portavoz del Bloc en el Consell, Joana Luïsa Mascaró, también se ha mostrado prudente, si bien, ha apuntado que desde la llegada de Tugores a este departamento se detectaron "pequeñas irregularidades". No obstante, ha aclarado que "no son constitutivas de ningún delito. "Se trata de cuestiones concretas que nosotros las hubiéramos hecho de otra forma", ha añadido.