El concejal del área de Mercado del Ayuntamiento tinerfeño de La Laguna, Miguel Ángel González, ha querido aclarar respecto a las declaraciones realizadas por los trabajadores del mercadillo del agricultor sobre la sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Santa Cruz de Tenerife del pasado 26 de diciembre de 2010, que dicha sentencia únicamente viene a anular una medida cautelar que el Ayuntamiento lagunero adoptó el 28 de diciembre de 2008 y que el propio Consistorio levantó en su día tras llegar a un acuerdo con las partes.

Por tanto, ha explicado González en un comunicado, "es una sentencia que en la actualidad carece de sentido ya que se refiere a unas medidas provisionales que, como se sabe, se tomaron en su día para asegurar y garantizar que la sentencia pudiera dirimir en el pleito principal y que más tarde se levantaron por el propio Consistorio tras llegar a un acuerdo entre las partes implicadas".

Por ello, ha añadido "en ningún caso, implica que estas personas tengan que recuperar por medio de esta sentencia su puesto en el citado mercadillo del agricultor pues en la actualidad ya se han dictado los decretos correspondientes a las renovaciones de las licencias del año 2011 que son 13 y que cumplen el reglamento del mercado".

Se trata, ha subrayado González, de "una sentencia que no tiene ninguna repercusión jurídica, ni económica ni de ningún tipo porque carece de sentido al ser extemporánea. Además, no reconoce que haya responsabilidad económica por parte del Ayuntamiento".

El concejal ha aclarado también que "de ninguna manera se trata de la quinta sentencia que da la razón a los agricultores del mercadillo y menos que se diga que se pueden vender productos de importación", cosa que según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press nunca se ha dicho, sino que se permite vender producción local o del país aunque esta no sea producida por el agricultor.

El edil de Mercado ha recordado, no obstante, que, "posteriormente a las medidas cautelares a las que se refiere la sentencia, existen varios decretos más a los que estos trabajadores no han hecho referencia en sus manifestaciones públicas".

Por un lado, uno de los decretos suspendía las medidas cautelares a finales de febrero de 2009, quedando el expediente sancionador cerrado por acuerdo entre las partes. Este acuerdo, al que se llegó con la totalidad de los afectados, fijaba que se podía vender productos cosechados por los propios agricultores y los adquiridos a los propietarios de los terrenos de las fincas colindantes.

Tras este acuerdo, ha aclarado Miguel Ángel González, se produjo un incumplimiento por parte de algunas de estas personas y en estos casos se decretó la revocación de la licencia y la no renovación de la misma. Asimismo, se adjudicaron los puestos del mercadillo a aquellos que sí habían cumplido con el artículo 42 del reglamento del Mercado.

Además, Miguel Ángel González ha explicado que "las adjudicaciones de los puestos del mercadillo del agricultor, no son arbitrarias sino que se caracterizan por su discrecionalidad, lo que obliga a que se motive la decisión tomada". Asimismo, aclara que "en ningún caso se ha atentado contra la dignidad ni el honor de ninguna persona sino que lo que se ha hecho es cumplir con el reglamento establecido y respetar a todas las partes implicadas".