La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tinerfeña celebró ayer el juicio contra un hombre al que se le acusa de una agresión sexual ocurrida en La Laguna, en 2004, en la persona de la hija de la que por entonces era su compañera sentimental.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados a la víctima, según ambos escritos de acusación que obran en la causa

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución al entender que su cliente no cometió los hechos. Asimismo, en cuanto a la responsabilidad civil estimó que si no hay delito no hay que hacer frente a ninguna indemnización económica.

A puerta cerrada

El juicio se celebró a puerta cerrada habida cuenta de que la víctima padece oligofrenia de grado leve a moderado con una minusvalía del 70% y la gravedad de los hechos por los que se sentó en el banquillo el procesado.

En el escrito del fiscal se asegura que "el 19 de enero de 2004, el procesado se encontraba en su domicilio en La Laguna y aprovechando que la hija de su compañera sentimental había acudido a comer se sentaron en el sofá y comenzó a realizarle tocamientos" llegando a tener acceso carnal.

Los hechos fueron denunciados dos días después en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de La Laguna.

Dado lo delicado del caso, el Ministerio Fiscal solicitó que la vista se celebrara a puerta cerrada, a lo que no se opusieron ni el representante legal de la menor ni el abogado de la defensa.

Según se desprende de los escritos de las partes, la madre de la afectada se encontraba en el hospital mientras que su compañero sentimental quedó al cuidado de la menor.

El acusado se encuentra en libertad y durante la vista debían ser interrogados, además del acusado y las personas más allegadas que tuvieran relación con el caso, los peritos de Toxicología, así como médicos y psicólogos que llevaron a cabo las pruebas para determinar el grado de veracidad del relato de la víctima entre otras pruebas. También se aportaron pruebas periciales relacionadas con la enfermedad que padece la víctima y el comportamiento derivado de la misma.

El Instituto Nacional de Toxicología se encargó de examinar restos biológicos.