El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) ha lamentado, tras conocer el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que sostiene que no es exigible a las administraciones la retirada del escudo franquista "porque no exalta por sí mismo la represión de la dictadura", que "las tesis ultraderechistas hayan encontrado eco, afortunadamente no vinculante, en una institución que forma parte del entramado democrático de la Generalitat".

En un comunicado, el colectivo asegura que "todos y cada uno de los argumentos en ese sentido son desmontables" y añade que "esta situación advierte del peligro que encierra la actitud de la facción del PP que gobierna la Comunidad Valenciana, que instrumentaliza a las instituciones en su lucha por imponer sus tesis políticas e históricas frecuentemente contradictorias con el espíritu constitucional vigente, como hoy es el caso del CJC".

El grupo muestra su rechazo al dictamen, basado, a su parecer, en un "retorcimiento literario" del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria y en gran parte en una "reinterpretación benévola de lo que representan escudos, placas o insignias claramente fuera de la Constitución por el propio decreto de 1938 que los crea".

Los autores de dicho decreto, recuerda la entidad, "dejan explícitamente claros los motivos de la aparición de una nueva simbología que rompe con la tradición heráldica estatal de más de 300 años, restituida en gran parte con la aparición del actual escudo constitucional, y basándose en conceptos hoy abiertamente anticonstitucionales, además de ser la nueva representación de un estado totalitario basado en preceptos enfrentados a cualquier régimen constitucional y democrático".

En la misma línea, el grupo califica de "muy preocupante que el dictamen pueda ser usado contra la llamada Ley de la Memoria desde esas posiciones, con una interpretación que puede dar argumentos incluso a la conservación de cruces gamadas en Europa bajo el argumento de que en realidad son símbolos histórico-religiosos nacidos en Oriente como representaciones de divinidades budistas".

No obstante, recalca, aun con el "profundo desacuerdo" con el dictamen, que el CJC deja claro que ninguna ley ampara el mantenimiento de escudos, insignias y placas y que las que dieron lugar a su aparición forman parte del entramado jurídico franquista, afortunadamente superado y anticonstitucional.

En segundo lugar, reconoce que si hay voluntad política no puede haber nada que lo impida, con lo que en lo fundamental lo que basta es la existencia de esa voluntad, lo que deja más en evidencia que en Valencia no se retiran escudos, placas e insignias porque Rita Barberá y el PP no quieren mientras están siendo retiradas por toda España en Ayuntamientos regidos también por el Partido Popular.

"Nosotros añadimos que el simple convencimiento democrático y los valores que dicen jurar cuando acceden a sus cargos deberían servir de acicate para tal retirada, pero su actitud de insumisión ante la Ley de la Memoria y tantos otros aspectos no les deja avanzar por la senda de la reconciliación con la normalidad a nivel estatal e incluso europeo, donde afortunadamente hace décadas que símbolos similares fueron retirados no gracias a una ley, sino a la sinceridad democrática de Gobiernos e instituciones que hace años ya se desnacificaron".