Santa Cruz de Tenerife

Empleados de las Cámaras salen a la calle contra la supresión de la cuota

Aseguran que el Real Decreto aprobado por el Gobierno central pone en riesgo la continuidad de unos 3.500 puestos de trabajo y la prestación de una serie de servicios a las pymes para mejorar su competitividad. Los trabajadores de la institución en la provincia tinerfeña piden el apoyo del Ejecutivo autonómico.
EL DÍA/AGS., Tfe/Madrid
12/ene/11 7:48 AM
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Los trabajadores de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación en Santa Cruz de Tenerife se sumaron ayer a la convocatoria a nivel nacional contra el Real Decreto por el que el Gobierno central ha suprimido a las empresas la obligatoriedad de pagar la cuota cameral y se concentraron ante las puertas de la sede de la institución para exigir el mantenimiento de lo que, según recalcan, supone "la principal fuente de financiación de estas entidades".

Tras la protesta, que duró diez minutos, se hizo entrega de un "paquete de firmas" contra la implantación de esta medida que ha sido calificada de "inesperada e improvisada" por el director general de la Cámara de la provincia tinerfeña, Vicente Dorta, que también estuvo presente en el acto junto a otros miembros del equipo directivo.

El portavoz del Comité de Empresa, Javier Concepción, señaló que la decisión se ha adoptado "en respuesta a la demanda de las grandes empresas, que son las que aportaban la mayor parte de los fondos a estas instituciones y que suponían el 60% de la financiación de estas entidades".

Sin embargo, desde las instituciones camerales se insiste en que esta iniciativa "pone en peligro el futuro de las Cámaras y, en consecuencia, la prestación de servicios para fomentar la competitividad de las empresas y los más de 3.500 puestos de trabajo directos y cualificados en la prestación de estos servicios".

Al respecto, afirman que "un gran número de Cámaras está barajando ya la puesta en marcha de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que podrían afectar a un 25 o 30% de sus plantillas. En otros casos, la fusión o el cierre de estas instituciones se convierte en la única salida posible ante un decreto diseñado a la medida de las grandes corporaciones y absolutamente dañino no sólo para el personal de las Cámaras sino para la gran cantidad de puestos de trabajo indirectos que se van a destruir ante la necesidad de aplicar recortes drásticos en su gestión".

Según indica la Cámara de Santa Cruz de Tenerife en un comunicado, "un 75% de las pequeñas y medianas empresas, o no paga, o tiene una cuota inferior a 20 euros al año. A su vez, un 1% de los negocios, que son grandes empresas, aporta las dos terceras partes de los ingresos, mientras la gran mayoría de las que se benefician de sus servicios pagan sólo una pequeña parte o están exentos de su abono".

Negociaciones

Ante este panorama, los trabajadores de las Cámaras confían en que "las negociaciones abiertas entre el Ejecutivo y el Consejo Superior de Cámaras den una salida que permita a las Cámaras de Comercio mantener su actividad y servicios al empresariado, además de los puestos de trabajo que de ellas dependen".

Igualmente, los representantes de los trabajadores demandaron al Gobierno de Canarias, como organismo tutelante que es de las Cámaras, una mayor implicación en las negociaciones que están abiertas en Madrid para garantizar la supervivencia de unas instituciones con más de un siglo de historia en las Islas y que cumplen una función esencial para mejorar la competitividad e internacionalización del tejido empresarial canario, fomentar la actividad económica en las Islas y apoyar la creación de nuevos negocios y, por tanto, la generación de puestos de trabajo".

En este contexto, lamentan que "hasta el momento, ni el Gobierno de Canarias, ni ningún partido político con representación en el Parlamento autonómico se ha pronunciado sobre las consecuencias de una medida que sólo va a favorecer los intereses de las grandes empresas".

Entre tanto, el Pleno extraordinario del Consejo Superior de Cámaras de Comercio incidió ayer en las graves repercusiones para estas instituciones y defendieron, a través de un comunicado, que el modelo que tenían antes de que el Ejecutivo aprobara dicha medida, como "corporación de derecho público con afiliación y cuota obligatoria", es el que existe en países como Alemania, Francia, Italia, Holanda o Austria y es compatible con lo establecido en la Directiva de Servicios. Además, recalca que la reducción de costes que supone esta medida es "insignificante" comparada con el daño que a medio y largo plazo puede tener sobre la mejora de la competitividad de las empresas.