El saharaui Ahmedu Uld Suilem presentó ayer al Rey en el Palacio Real de Madrid las cartas credenciales como nuevo embajador de Marruecos en España, un puesto que estaba vacante desde hace un año.

El representante marroquí fue nombrado embajador por el monarca alauí Mohamed VI el pasado 26 de noviembre, una semana antes de que Rabat anunciara su decisión de revisar el conjunto de la relación con España en protesta por la moción aprobada en el Congreso de condena por la violencia que hubo en el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún.

En la primera reunión privada que mantuvo Don Juan Carlos con el diplomático marroquí, el Rey se interesó por Mohamed VI.

Uld Suilem, que llegó el sábado a Madrid acompañado por su familia, nació en 1951 en la ciudad de Dajla, denominada Villa Cisneros cuando España administraba la que fue su colonia hasta 1975.

Fue miembro del Frente Polisario hasta julio de 2009, cuando abandonó sus filas para apoyar el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental.

Su nombramiento ha provocado malestar en el Polisario, que lo considera una "provocación" y un "obstáculo" para tratar de acercar posturas en la solución del conflicto.

La llegada de Uld Suilem se esperaba para antes de fin de año, como garantizó el ministro de Exteriores marroquí, Taib Fasi Fihri, en su visita a Madrid el 3 de noviembre, después de que el Gobierno español le hubiese concedido el plácet el pasado mes de abril.

El anterior embajador, Omar Azziman, abandonó España a finales de enero del pasado año, un mes después de resolverse el incidente entre España y Marruecos a causa de la huelga de hambre que la saharaui Aminatu Haidar mantuvo durante 32 días en Lanzarote.

Azziman regresó a Rabat para encabezar la comisión puesta en marcha por Mohamed VI para llevar a cabo el plan de descentralización en el país, que incluye el Sahara Occidental.

Las relaciones entre España y Marruecos han estado marcadas por varios incidentes desde el pasado verano, cuando las autoridades de Rabat divulgaron varios comunicados por supuestos actos de maltrato de la policía española contra algunos de sus ciudadanos en la frontera con Melilla.