Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) designados por el Senado han jurado o prometido esta tarde su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, en presencia del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Dos de los nuevos magistrados del TC, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, han jurado su cargo, mientras que los otros dos, Adela Asúa y Luis Ortega, lo han prometido, todos ellos con la mano derecha sobre un ejemplar de la Constitución Española, abierto por el inicio del título noveno, referido al Tribunal Constitucional.
En la misma mesa, cubierta con un terciopelo rojo, en la que reposaba la Carta Magna, había una edición de la Biblia de la época de Carlos IV, abierta por el Libro de los Jueces, capítulo primero, así como un crucifijo de plata sobredorada.
En la ceremonia, celebrada en el salón de audiencias de la Zarzuela, acompañaban a los Reyes, entre otros, el presidente del Senado, Javier Rojo, y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, así como la presidenta saliente del TC, María Emilia Casas.
Con casi tres años de retraso, la Cámara Alta aprobó el pasado 1 de diciembre la designación del ex presidente del CGPJ Francisco José Hernando y del catedrático Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP, y de los también catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega, propuestos por el PSOE, para sustituir a los magistrados que permanecían en funciones.
Hernando, Pérez de los Cobos, Asúa y Ortega tomarán mañana posesión de su cargo en la sede del Alto Tribunal, una vez que también ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Casas, adscrita al sector progresista, y de los conservadores Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde.
El nombramiento de los cuatro nuevos magistrados se vio retrasado por la falta de consenso entre el PSOE y el PP sobre los otros cuatro candidatos al TC que debe renovar el Congreso, lo que ha impedido que la renovación de los ocho magistrados que se encuentran en funciones pueda llevarse a cabo en bloque, como pretendía el Ejecutivo.