La mayoría de los controladores se han comprometido a someter aquellos aspectos en los que no logren un consenso a un árbitro que será designado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) antes del día 12 de este mes. Este preacuerdo alcanzado deberá ser acatado por ambas partes "en todos sus términos y que será de obligado cumplimiento". Respecto al caso en el que se investiga el presunto abandono del servicio, dos de los once controladores del aeropuerto de Málaga que estaban citados ante la fiscalía malagueña se han acogido a su derecho de no declarar.

Un 85,4 por ciento del total de los controladores que acudieron a votar fuera de los centros de trabajo, se mostraron a favor del arbitraje a pesar del "del malestar que ha generado en el colectivo" la información publicada en un medio de comunicación según la cual los miembros del sindicato están siendo espiados ilegalmente por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según recalca el sindicato en su comunicado.

De esta forma, ambas partes deberán nombrar antes del próximo miércoles, dos días antes de que finalice la prórroga del estado de alarma, a un árbitro "para dirimir las posibles discrepancias que puedan surgir durante la negociación", que continuará hasta el 31 de enero. No obstante, los controladores han lamentado que "la buena fe del colectivo" demostrada en su voluntad de aceptar estas medidas de arbitraje "no se esté correspondiendo con la actitud del Gobierno".

EL procedimiento arbitral, que ambas partes, "deberán acatar en todos sus términos y que será de obligado cumplimiento". Una vez nombrado el árbitro, se constarán las cuestiones concretas sobre las que deberá pronunciarse el laudo arbitral y el plazo para dictarlo. El plazo para concluir la negociación del convenio es el 31 de enero de 2011, tal y como adelantó el ministro de Fomento, José Blanco, quien señaló que si pasado ese día persistieran las discrepancias, actuará el árbitro decidido previamente.

La junta directiva de USCA había pedido estos días a sus afiliados que den ''luz verde'' a este preacuerdo, que supone un acercamiento a la empresa para proseguir con la negociación que permita la renovación del convenio colectivo cuanto antes, pese a ciertas reticencias del colectivo. Sin embargo, el sindicato teme que este pacto con AENA pueda ser un "paripé" y que el Ministerio de Fomento tenga preparado ya tenga preparado "el laudo del siglo" en un cajón, según ha indicado a los medios el portavoz de USCA, César A. Cabo.

El ente ya planteó en agosto acudir a un arbitraje independiente cuando el conflicto se recrudeció y los controladores decidieron votar en asamblea la convocatoria de una huelga, que finalmente rechazó la mayoría, ante los desencuentros entre ambas partes en relación a la jornada laboral y las retribuciones.

El arbitraje constituye una vía paralela y restitutoria de la justicia ordinaria por la que, en caso de conflicto entre dos o más partes, un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia dictando un laudo (sentencia) que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.

El uso de este procedimiento en el sector turístico tiene un precedente en 2001, para la resolución del conflicto sobre el convenio colectivo de los pilotos de Iberia. Entonces, el Ministerio de Fomento designó como árbitro al presidente en funciones del Comité Económico y Social (CES), Federico Durán López, quién determinó que las partes debían firmar un convenio a cuatro años con subidas salariales vinculadas a la marcha de la compañía.

DOS CONTROLADORES SE NIEGAN A DECLARAR

Este martes, dos de los 11 controladores del aeropuerto de Málaga citados por la Fiscalía malagueña se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Según fuentes fiscales, a los dos controladores se les ha informado de las diligencias de investigación penal iniciadas para averiguar si en el control hubo algún abandono del servicio y para determinar si las incidencias fueron consecuencia de esto o por un no funcionamiento del centro de control de Sevilla.

Las fuentes han indicado que los dos profesionales han manifestado que en su caso declararán en sede judicial de seguir adelante las diligencias. Desde la representación legal de los controladores han apuntado que esos días hubo siempre profesionales trabajando. Los restantes controladores del aeropuerto comparecerán a lo largo de la semana.

Por su parte, la Guardia Civil cerrará la semana que viene la investigación sobre la huelga de los controladores aéreos de Barcelona, cuando finalicen las declaraciones en las dependencias policiales, según han explicado fuentes judiciales.

Una vez entregado este informe, el Ministerio Público lo analizará para ver si se les puede imputar un delito de sedición previsto en la Ley de Navegación Aérea, lo que podría comportar, en su modalidad más grave, penas de hasta 6 años de cárcel.

Las mismas fuentes han detallado que en Cataluña se investiga a 49 controladores que presentaron incidencias durante los tres turnos afectados en el Aeropuerto de El Prat, el de Sabadell y el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona, en Gavà.

Según fuentes judiciales, se trata de un conflicto judicial complicado ya que, si no llega a considerarse el centro de control como un aeropuerto, no se podría aplicar la ley de navegación aérea y por lo tanto la pena quedaría limitada a una multa por abandono de puesto de trabajo.

La Fiscalía de Barcelona deberá coordinarse con las fiscalías de los otros dos centros de control españoles --el central y el del sur-- con la finalidad de unificar criterios a la hora de interpretar los preceptos legales.

IBERIA PERDIÓ HASTA 15 MILLONES POR EL ''PLANTE'' DE LOS CONTROLADORES

Por otro lado, Iberia ha calculado que el cierre del espacio aéreo el pasado mes de diciembre supuso para la aerolínea unas pérdidas de entre 13 y 15 millones de euros. La aerolínea justifica esta estimación por "las masivas cancelaciones de vuelos", los reembolsos y la reubicación de pasajeros en los medios de transporte alternativos, además de la atención de viajeros en los aeropuertos.

"Entre los días 3 y 6 de diciembre de 2010 los controladores aéreos españoles llevaron a cabo acciones que provocaron el cierre del espacio aéreo español, provocando graves pérdidas en las compañías aéreas", ha estimado la compañía en el folleto de emisión de su fusión con British remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las compañías aéreas españolas van a reclamar alrededor de 100 millones de euros a AENA por las pérdidas ocasionadas al sector tras meses de conflictividad con los controladores aéreos, que culminaron con el cierre del espacio aéreo, en pleno puente de la Constitución, según ha anunciado la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), a la que pertenece Iberia.

Concretamente, el ''plante'' de los controladores le ha costado a las aerolíneas españolas "entre 30 y 40 millones de euros", que exigirán por la vía administrativa al gestor aeroportuario. Por su parte, la IATA calcula que el cierre del espacio aéreo español provocó pérdidas de ingresos para el sector de 100 millones de dólares (74,1 millones de euros) y un impacto económico de hasta 300 millones de euros.