El sindicato CCOO-Canarias calcula que la retirada, el día 15 de febrero, de la paga extraordinaria de 426 euros para los parados que han agotado todos los subsidios elevará a unos 100.000 los residentes en el Archipiélago que no ingresan renta alguna.
La estimación de CCOO incluye a los 72.000 canarios que carecían de recursos en 2009 y a quienes ya no optarán a recibir la citada paga, cuyo programa (Prodi) será sustituido por otro más estrechamente vinculado a la formación de los desempleados, aunque el Gobierno central aún no ha anunciado qué cuantía se le asignará.
El director del gabinete técnico del sindicato, José Miguel González, no se muestra a favor de un subsidio "que no exija nada a cambio", pero sí critica la eliminación del Prodi. "Si activas -señala- una determinada prestación, pero después la eliminas y no das alternativa, al final dejas a la gente que no puede obtener recursos sin posibilidad de lograrlos en el ámbito privado por los canales oficiales".
González explica que la alternativa a cualquier prestación "es un empleo reglado con un salario reglado". Pero a las actuales estrecheces del mercado laboral se une la rigidez presupuestaria. "Ahora no existe una alternativa política a la prestación por desempleo. Quien se queda sin recursos apela a las redes de apoyo familiar, que llegan hasta donde llegan y que sufren la acumulación de miembros de una misma familia que ya no tienen empleo."
Además, cubren a los canarios pero no a los inmigrantes, matiza. Para éstos convendría, expone el economista de CCOO-Canarias, activar algún programa que "evite que acudan a mercados paralelos". Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, Canarias sumaba al cierre de diciembre 27.104 extranjeros en desempleo.
Evitar la exclusión social
El representante sindical reconoce la dificultad de precisar qué porcentaje de parados sin recursos tiene una ocupación en la economía sumergida, pero aboga por que la mayoría se convierta en beneficiarios de las rentas activas de inserción. Es la solución prevista en el Pacto Social por la Economía y el Empleo firmado en Canarias en junio de 2009.
De hecho, la cifra de 72.000 isleños que carecían de recursos fue el punto de partida para incluir en ese documento algún mecanismo que evitara riesgos de exclusión social por el desempleo.
El que se concretó supone potenciar la Prestación Canaria de Inserción (PCI). "Quien no obtengan ningún tipo de renta y pertenezca a una unidad familiar sin ingresos debería estar a cargo de la Consejería de Bienestar Social (que gestiona la PCI), que en su día objetó reservas de carácter presupuestario", apunta González.
El documento que rubricaron el Ejecutivo isleño, las confederaciones provinciales de empresarios, CCOO y UGT señala que la apertura de la PCI -que está ligada a un itinerario de inserción laboral- deberá paliar "situaciones de extrema necesidad" que estarán "suficientemente motivadas".
"Recogido está, pero sin presupuesto. Hay que aumentar el actual porque éste es un problema cierto y de corto plazo", agrega González, que precisa que, para cumplir lo pactado, el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social debería incrementarse en unos 100 millones de euros.
De acuerdo con los datos que este departamento publicó en marzo de 2010, son casi 4.100 las familias que perciben la PCI, que oscila entre 451 y 629 euros mensuales. En el Pacto también se recoge el compromiso de incentivar que las empresas contraten a beneficiarios de esta prestación.