El partido Los Verdes del Puerto de la Cruz llama a la movilización a los empleados públicos municipales para impedir lo que considera atropellos del grupo de gobierno de CC-PP en contra de los intereses de los trabajadores y funcionarios municipales, tras la aprobación en cesión plenaria de la suspensión de retribuciones económicas, que dejarán a muchas familias con muy graves y serios problemas, a riesgo incluso muchas de ellas de hasta de poder perder sus hipotecadas viviendas. En consecuencia propone movilizaciones de una hora de duración todos los viernes entre la una y las dos de la tarde, entre las que figuran concentraciones frente a las casas consistoriales como señal de protesta.

Para esta formación política, "se ha puesto en juego la confianza de todos y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, al pretender modificar un convenio laboral desde una institución pública, para eliminar toda clase de obstáculos a los intereses especulativos actuales y futuros del actual gobierno municipal. El concejal de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, se salta gravemente las indicaciones de los técnicos en aras de sus intereses políticos".

Señala que "así como el actual grupo de gobierno y su personal de confianza aprueban estas medidas sin tocarse ellos sus bolsillos y el haberlas tomado solo en la partida de los sueldos de los funcionarios y empleados públicos es, sobre todo, responsabilidad política y personal de Coacción Canaria, con el apoyo del PP y una débil oposición del PSOE, ya que todos se han limitado a representar de nuevo su particular opera bufa, que va ya por su decimosexto acto y que lleva por titulo "Tú más y peor".

"La ciudadanía debe de saber que en el sistema de modus operandis que se prevén en las medidas a tomar - agrega -, se recogen que los pluses de productividad y otros "serán de consideración y potestad de el alcalde a quienes se les paguen y a quienes no". Esta es una fórmula que en materia laboral no tiene cabida alguna ante la ley, puesto que es una medida política e interesada, por parte de quien la otorga y quien la recibe, y que será rechazada por los tribunales en cuanto el caso sea juzgado".

Insiste en que "se trata de un medida desfasada en un sistema democrático real, que en caso de llevarse a cabo sembrará desigualdades y ocasionará muchas disputas entre quienes los cobraran, si lo cobraran con informes desfavorables y a base de decretos del alcalde, los motivos del por qué lo cobraran y quiénes no lo cobrarán, lo que nos hace dudar en exista también una posible estrategia política, de que se quiera dividir a la clase trabajadora, como se ha hecho con la población".