El Gobierno tunecino convocó hoy al embajador estadounidense en Túnez, tras la preocupación expresada por Washington por los disturbios que se están produciendo en ese país y su llamamiento al respeto de las libertades civiles.

El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, reconoció en su rueda de prensa diaria que Gordon Gray "mantuvo una conversación de seguimiento" con el Gobierno tunecino a la que se produjo el jueves pasado en el Departamento de Estado.

Ese día, el Departamento de Estado convocó al embajador tunecino ante la Casa Blanca, Mohamed Salah Tekaya, para expresarle su preocupación por la crisis que atraviesa Túnez y pedirle al Gobierno tunecino que respete las libertades civiles.

"Ha habido una conversación de seguimiento a nuestros comentarios de la semana pasada", indicó Crowley.

En la reunión de Gray con las autoridades tunecinas, el embajador estadounidense "reafirmó nuestras preocupaciones, no solamente por la violencia, sino también (reiteró) la importancia de que se respete la libertad de expresión y el acceso a la información", señaló el portavoz.

"Seguimos observando la situación en Túnez. Seguimos alentando a todos a mostrarse comedido", recalcó.

EEUU planteó la semana pasada al embajador tunecino, lo que, a su juicio, consideró una "injerencia del Gobierno tunecino en internet, en especial en cuentas de Facebook", la red de contactos sociales.

Los disturbios continuaron hoy en varias localidades tunecinas, principalmente Kaserine, Thala, Regueb y Gafsa en el centro y el suroeste del país.

El último balance oficial del Ministerio del Interior distribuido anoche en un comunicado cifraba en 14 los muertos en los disturbios y en una veintena los heridos, mientras que fuentes de los partidos de la oposición y los sindicatos elevan al menos hasta 35 el número de víctimas mortales.

En la capital tunecina también se produjeron algunos conatos de protesta en dos universidades y en el instituto de Cartago, que fueron impedidas por la presencia de numerosos efectivos policiales.

Los disturbios en Túnez estallaron el pasado 17 de diciembre cuando Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años, se quemó a lo bonzo en la localidad de Sidi Bouzid para denunciar abusos administrativos después de que la policía le confiscara las frutas y legumbres que vendía en la calle, con el argumento de que carecía del permiso para esa actividad.

El joven, un desempleado con estudios superiores, falleció el pasado 4 de enero en un hospital de la capital tunecina, adonde fue trasladado.

Desde el día en que se quemó el comerciante se han producido disturbios y manifestaciones de solidaridad en numerosas localidades de la región de Sidi Bouzid y otras del suroeste tunecino como la de Kaserín, junto a la frontera argelina.

Amnistía Internacional dijo la semana pasada que, además de la represión de las protestas, se han producido "olas de detenciones por todo el país".

La organización indicó que el Gobierno está intentado evitar la propagación de las protestas, aplicando una férrea censura en los medios de comunicación y bloqueando sitios web y correos electrónicos, especialmente de quienes usan la red social Facebook.

"El Gobierno tiene el derecho muy legítimo de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero dicho esto, nos preocupan algunas medidas que ha tomado", concluyó Crowley.