COMFIA-CCOO en Canarias se unirá a la protesta que el martes, 11 de enero, se realizará en el conjunto del territorio español para exigir el mantenimiento del empleo en las cámaras de comercio.
Las cámaras de comercio, industria y navegación son entidades de derecho público encargadas de la gestión de los colectivos adscritos a ellas, tuteladas desde las administraciones y que realizan, entre otras, funciones público-administrativas, recordó CCOO en un comunicado.
En este sentido, indicó que la plantilla actual de las cámaras de comercio en España alcanza unos 3.600 trabajadores que se encuentran repartidos entre las 88 cámaras que hay en territorio nacional, todo ello "sin contar el empleo indirecto que generan".
Sin embargo, el Real Decreto-Ley 13/2010 introduce cambios "importantes" en la financiación de las cámaras, ya que modifica el sistema de inscripción obligatoria por uno de afiliación voluntaria. Esta medida supone que el 60 por ciento de la financiación "obligatoria" que se obtiene actualmente "está en entredicho".
Así, la voluntariedad en la adscripción de las empresas a las cámaras impuesta por la nueva normativa "no sólo implica la puesta en cuestión de estas instituciones sino que, y sobre todo, pone en riesgo la viabilidad" del empleo de las mismas.
De esta forma, la "efectiva" reducción de ingresos, la posible disminución de los servicios, la "falta de previsión" del Gobierno de incorporar un sistema transitorio y la probable actitud de las propias cámaras "de aprovechar esta circunstancia para hacer reestructuraciones de plantilla, sin la participación de la representación sindical y del personal afectado, crea un panorama ante el que se debe actuar con diligencia".
Por ello, han asegurado que solicitarán "de inmediato", junto con UGT, reuniones con los Consejos Superiores (a nivel estatal y autonómico), las distintas cámaras territoriales y el Ministerio de Economía, para buscar "un posible camino en común para corregir la situación a nivel del Real Decreto Ley pero, igualmente, para trasladarles que cualquier proceso de reordenación debe ser negociado con la representación de los trabajadores".