MI VIDA LABORAL siempre ha girado alrededor de diferentes facetas del ámbito sanitario, tanto en drogodependencias como en salud pública, y no me dejan de sorprender las reacciones de determinados colectivos ante medidas que inicialmente podrían plantearse como irrefutables, pero que se terminan convirtiendo en cuestionables. Recuerdo, de esto hace mucho tiempo, que ante el aumento considerable de heroinómanos por las calles de Santa Cruz de Tenerife se planteó la necesidad de contar con centros de atención para drogodependientes, y cuando se preguntaba a las asociaciones de vecinos si estaban de acuerdo con dicha medida, se mostraban encantadas, pero cuando se sondeaba la posibilidad de hacerlo en su entorno más cercano ponían el grito en el cielo.

Está claro que vivimos en un mundo lleno de conflictos de intereses, y lo que para algunos es necesario para otros es un desastre. En cierta ocasión, y después de varias actuaciones realizadas desde la Dirección General de Salud Pública, encaminadas a corregir deficiencias en algunos sectores de producción alimentaria, un representante político insular me dijo que me estaba convirtiendo en el enemigo público número uno de esa isla y que terminarían declarándome persona non grata. Su comentario no se me ha olvidado, y en cierta medida muchos de los que trabajamos en este campo nos sentimos como el malo de la "peli", aunque no por ello dejamos de hacer lo que debemos, por pura convicción. Si no fuera así, nunca se habría alcanzado el actual grado de desarrollo del que disfrutamos en nuestras islas, por mucha autopista u hotel que se hubiera construido. Ya no recordamos que hace unas décadas la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental o la promoción de la salud no existían y estábamos a años luz de los países más avanzados en estas materias.

Y reflexiono sobre todo esto, porque hace unos días que nos hemos convertido de nuevo en el foco de atención ante la aprobación de la modificación de lo que algunos denominan "Ley antitabaco". Nadie duda en los tiempos que corren de que el tabaco es perjudicial para la salud, pero así y todo se insiste en que este tipo de medidas son antiliberales e hipócritas. ¿Pero antiliberales e hipócritas para quién? ¿Para los fumadores, que son minoría? ¿Para las tabacaleras, que ven que su lucrativo negocio va menguando?… Ya no nos acordamos de que, hace no mucho, nuestros profesores impartían clases fumando, que el médico te atendía con un cigarrillo en la mano o que en los aviones se fumaba, y nos vamos olvidando porque ya nos parecen inconcebibles esas situaciones. Es cierto que algunos establecimientos tuvieron que hacer reformas para adaptarse a la normativa inicial, pero fue así porque el propio sector pidió que la propuesta inicial contemplara medidas de transición. Varios años después de la entrada en vigor de la ley, nos encontramos que más de 800.000 trabajadores de la restauración y la hostelería llevan "fumando" pasivamente miles de cigarrillos en sus puestos de trabajo, y que se calcula que entre 50.000 y 60.000 personas en España mueren anualmente por los efectos del tabaco. Y cuando se habla de tolerancia, me pregunto: ¿de quién? Para mí, sin lugar a dudas, el fumador es quien debe ser tolerante y consciente de la realidad insalubre de nuestro entorno. Me echan en cara que entonces también se prohíban los coches, por aquello de la contaminación atmosférica, que se prohíba el alcohol y no sé cuántas cosas más que también nos perjudican; y por supuesto que todas esas cuestiones deben corregirse, pero no por ello debemos renunciar a ir aplicando normas de convivencia saludables, y esta norma reguladora lo es sin lugar a dudas. Para los que trabajamos en Salud Pública esta modificación de ley ha sido uno de los mayores logros sanitarios del año; no olvidemos que emana de las Cortes Generales y que pondremos todo nuestro esfuerzo en que se cumpla, aunque sigamos siendo, para algunos, el enemigo público número uno.