El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado los recursos de la defensa y ha confirmado el juicio con jurado contra el alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez (PSOE), por gastar 6.107 euros con su móvil oficial en llamadas privadas, de ellos 6.098 euros a su novia.

Fuentes del caso han informadode que las defensas de los acusados -el alcalde y el entonces concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez (PSOE)- formularon cuestiones previas ante el magistrado presidente del jurado popular, ante el que alegaron su indefensión y pidieron que se declarase la incompetencia de dicho tribunal.

El magistrado desestimó todas las cuestiones planteadas por la defensa, que recurrió en apelación ante la Sala de lo Penal del TSJA en Granada, donde han sido desestimados íntegramente los recursos en una resolución contra la que no cabe recurso, han añadido las fuentes.

Por ello, el juicio se celebrará en los próximos meses ante un jurado popular, donde la Fiscalía de Sevilla solicitará para el alcalde cuatro años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación particular, que ejerce el abogado Emilio Lechuga en nombre de IU-LV-CA y el Partido Independiente de La Puebla, pedirá seis años y nueve meses.

Ambos políticos están acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y tentativa de ocultación de documentos.

Según el auto de apertura de juicio, desde su toma de posesión en julio de 1999, Álvarez disponía de un móvil pagado por las arcas municipales y destinado "exclusivamente al ejercicio de sus funciones públicas".

Sin embargo, el alcalde "lo usaba para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos" que fueron abonados con fondos públicos, y en concreto entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a una misma destinataria "a la que le unía un vínculo ajeno a la función pública".

Cuando el portavoz de IU-LV-CA solicitó al alcalde copia de sus facturas telefónicas, el ex concejal Benítez "conociendo los hechos cometidos por el alcalde, a petición de éste y con la finalidad de impedir su descubrimiento" manipuló las facturas mediante un escáner y modificó los teléfonos destinatarios.

Una vez hecha la falsedad, devolvió las facturas manipuladas al archivo municipal para que fueran mostradas al portavoz de la oposición, añade el juez.

Precisa el auto que, una vez denunciados los hechos en el juzgado por la oposición, el alcalde devolvió 6.230 euros mediante ingresos parciales entre octubre y noviembre de 2002.

En sus declaraciones como imputado, Álvarez manifestó que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia.

La defensa había pedido que se juzgasen por separado los delitos de malversación de fondos públicos, que son competencia de un jurado, y los de prevaricación, falsedad en documento oficial, encubrimiento, y ocultación de documentos, competencia de un tribunal profesional.