La Ley de delimitación de las Aguas Canarias no multiplicará por siete el territorio de las Islas, tal y como aseguró hace 15 días el presidente regional, Paulino Rivero, ya que sólo tendrá el efecto de prolongar "hacia dentro" del Archipiélago las competencias que puede ejercer tanto la Comunidad Autónoma como el Estado. Al no alterar las fronteras del país y mantener las aguas internacionales entre las Islas, tal y como viene ocurriendo hasta ahora, ni Marruecos ni ningún otro vecino planteará una discusión sobre esta norma.

Así lo planteó ayer el senador por Coalición Canaria (CC), Alfredo Belda, que recordó que esta ley partió de una iniciativa de su formación política en el Congreso a mediados de 2009, por lo que descartó que el Gobierno autonómico tenga una intención electoralista con su promoción actual.

Belda explicó que el alcance de la ley es "sólo competencial", por lo que las fronteras de España -y en consecuencia, las de Canarias- no se verán modificadas.

El espacio creado por el contorno archipielágico que establece esta ley, añadió el senador nacionalista, conforma un nuevo espacio -que es el que pasa a denominarse "aguas canarias"- dentro del que España -y Canarias por extensión- pueden ejercer sus competencias, pero sin alterar la titularidad de las aguas interinsulares.

De esta manera, las aguas que separan Tenerife de Gran Canaria, por ejemplo, seguirán siendo internacionales.

De esta manera Belda replicó a los expertos que señalan que la norma creará un régimen contrario al derecho internacional al suponer las "aguas canarias" un espacio equivalente al de las aguas archipielágicas, figura jurídica que supone el ejercicio de las plenas competencias del país sobre esa porción del mar pero que, en cambio, no llega a conformar parte integral de su territorio.

"El Archipiélago crece hacia dentro", justificó Belda al reiterar que la ley "no tiene por qué" suponer un conflicto con Marruecos -ni el Sahara-, el vecino más cercano de España en el entorno geográfico de Canarias.

Entre las competencias que la norma permitirá asumir a la Comunidad Autónoma, Belda citó la gestión de los recursos naturales marinos, el control de los vertidos tanto en las aguas territoriales como las internacionales y la decisión sobre la instalación de los parques eólicos en el mar.

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