El Congreso ha instado hoy al Gobierno a que lleve a cabo una campaña de control de mercado sobre los turrones, con el fin de evitar que decaiga la excelente calidad que siempre les ha caracterizado, ante la necesidad del sector de ajustar costes en estos momentos de crisis económica.

En vísperas de las fiestas navideñas, la diputada socialista Vicenta Tortosa ha defendido esta propuesta en la Comisión de Sanidad, donde ha apuntado que el carácter estacional de este producto, unido a la crisis económica actual, puede conllevar un "ajuste del precio" que redunde en la modificación de su calidad.

Tortosa ha indicado que el Ejecutivo debe vigilar que los turrones españoles, "de gran aceptación dentro y fuera de nuestro país", continúan siendo de los mejores del mundo conservando una de sus "propiedades inherentes: la calidad".

El Gobierno deberá impulsar inspecciones de mercado, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para garantizar que los turrones cumplen con los requisitos específicos de su producción y con aquello que se oferta a los clientes.

El PP es el único grupo que ha votado en contra de la iniciativa, por entender que con ella se ponía en duda la valía actual de este dulce navideño, caracterizado por su elevada demanda y consumo durante estas fechas.

Los populares han conseguido sin embargo el apoyo de los otros grupos para exigir del Gobierno un compromiso en la lucha contra los productos falsificados, dada la "gravedad" que esto conlleva para la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Con esta iniciativa, se insta al Gobierno a luchar contra todo tipo de comercio o tráfico de productos falsificados o piratas, abarcando desde la venta en internet hasta la comercialización directa, y colaborando con el resto de países miembros de la UE, las organizaciones de consumidores y usuarios, y los representantes de las industrias españolas.

En el ámbito de la Sanidad, los diputados han pedido al Ejecutivo que plantee en el Consejo Interterritorial de Salud la incorporación a la tarjeta sanitaria de la información relativa al testamento vital y a las instrucciones previas de los pacientes.

De este modo, cualquier facultativo o centro sanitario del Sistema Nacional de Salud podrá recabar esta información en el caso de que tenga que atender a un paciente en situaciones próximas a la muerte, independientemente de cuál sea su lugar de residencia.

El Gobierno deberá plantear también a las comunidades autónomas la creación de oficinas de información sobre el testamento vital en los centros sanitarios, principalmente en los hospitalarios, para facilitar el ejercicio de este derecho.