Los gobiernos canario y español constituyeron ayer las ponencias técnicas que trabajarán para que la Comunidad autónoma asuma el 1 de julio de 2011 las competencias para bonificar las cuotas a la Seguridad Social de las contrataciones y realizar inspecciones de trabajo.

Así lo anunciaron ayer el presidente canario, Paulino Rivero, y el vicepresidente tercero del Gobierno español, Manuel Chaves, tras la reunión bilateral Canarias-Estado celebrada ayer en Las Palmas de Gran Canaria -la tercera que se desarrolla este año-, lo que demuestra "el buen estado de salud de la relación y colaboración" entre ambas administraciones, según dijo el también ministro de Política Territorial.

Tanto Rivero como Chaves destacaron que la transferencia de estas dos competencias a la comunidad autónoma canaria, dos asuntos incluidos en el acuerdo firmado por el PSOE y Coalición Canarias (CC) en el Congreso en octubre y que permitió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, supone dar un paso adelante en el desarrollo del autogobierno de la región.

Así, Paulino Rivero subrayó que mientras la competencia relacionada con las políticas activas de empleo sólo la posee hasta ahora el País Vasco, la Inspección de Trabajo sólo ha sido transferida a Cataluña, si bien Chaves agregó que también se negocia su traspaso al País Vasco.

El presidente canario y el vicepresidente tercero del Gobierno de España también coincidieron en que estos acuerdos contribuirán a la creación de empleo en Canarias en la actual coyuntura de crisis, tal y como ha ocurrido con la bonificación de las tasas aeroportuarias, que han favorecido, según Rivero, la competitividad de los aeródromos canarios.

"Herramienta potente"

A juicio del presidente del Gobierno canario, el acuerdo presupuestario suscrito por PSOE y CC se ha mostrado como "una potente herramienta" que ha hecho que en los últimos seis meses Canarias registre "una dinámica favorable" en materia de empleo, ya que ha sido la "mejor comunidad autónoma que está conteniendo la cifra de desempleo".

Respecto a los acuerdos adoptados en la reunión de la comisión mixta de transferencias, Paulino Rivero informó de que el Gobierno español ha concedido a Canarias que devuelva en 2012, en lugar del próximo año, los 33 millones con los que ha de compensar al Estado por la extinción del Impuesto de Tráfico de Empresas (IGTE).

Aguas canarias

Por otro lado, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial se refirió a la proposición de ley sobre la delimitación de las aguas canarias aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados y aseguró que tendrá "plena efectividad jurídica" en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las declaraciones de Chaves se produjeron después de que varios miembros del PSOE, entre ellos el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, cuestionaran la validez jurídica de la norma. Chaves incidió en que se trata de "una ley aprobada por el Parlamento español, y desde el momento en que la ley figure en el BOE tiene plena vigencia y, por tanto, plena efectividad jurídica".

"No estamos ante un acuerdo político sólo, ni ante un protocolo ni un convenio, sino ante una ley aprobada donde reside la soberanía", aseguró el ministro de Política Territorial, para quien la proposición de ley impulsada por los nacionalistas canarios va a "reforzar las señas de identidad" de la comunidad canaria.

El recurso contra el catálogo de especies será retirado

La comisión bilateral Canarias-Estado dejó también importantes acuerdos en materia medioambiental. Según avanzó el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, el Gobierno central se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, un paso que ha sido posible, según dijo el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, "después del trabajo que se ha hecho" para que "la tramitación de esta ley no tenga ningún obstáculo". Además, en la cita de ayer, dijo Berriel, se acordó la creación de una subcomisión mixta en materia de Costas que servirá, por un lado, para interpretar todos los conflictos que en este ámbito tiene el Ejecutivo autónomo con el Estado, y, por otro, para definir cómo va a ser la relación entre las dos administraciones en esta materia en el futuro. En este sentido, el consejero regional avanzó la posibilidad de que el Estado retire también el recurso de inconstitucionalidad que presentó a la denominada Ley de Costas canaria, una norma de la que el Tribunal Constitucional tiene suspendido uno de sus artículos más importantes. Según Berriel, se pretende que esta subcomisión celebre su primera reunión antes del 15 de enero de 2011.