Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 10 millones de euros para la atención de los menores extranjeros no acompañados que están tutelados por el Gobierno canario, tal y como aseguró la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo Autónomo, Inés Rojas.

La consejera explicó que Canarias formalizó un convenio con el Ministerio de Trabajo, en 2009, de carácter bienal, por el que el Gobierno central se comprometía a destinar 15 millones de euros, tanto en 2009 como en 2010, para la acogida e integración de los niños de los cayucos que llegaban al Archipiélago.

Inés Rojas manifestó que el Estado se ha comprometido a aportar estos 10 millones sin tener que realizar ningún convenio nuevo, ni tempoco ha hecho falta prorrogar el que termina en el presente ejercicio, sino que el Gobierno central ha entendido la necesidad de esta partida para garantizar la acogida a estos menores.

La aportación canaria en los presupuestos del próximo año se fija en 3,6 millones de euros, mientras que en 2010 contemplaban una partida de 20 millones para la atención de estos menores.

La reducción se explica, en primer lugar, por el descenso de los cayucos, que llevan meses sin llegar a Canarias, y porque los centros de acogida se han quedado con menos chicos, también porque salen de ellos tras cumplir la mayoría de edad.

Por el mismo motivo, la reducción de la partida afecta también a la integración social de inmigrantes, que se quedará en 3,6 millones, un 35% menos que en 2010.

500 niños tutelados

A día de hoy, Canarias tutela a unos 500 menores extranjeros no acompañados, de los que 275 se encuentran repartidos en centros gestionados por los cabildos (205) y los tres dispositivos de emergencia (Tegueste y La Esperanza, en Tenerife y Agüimes, en Las Palmas). Además, 183 jóvenes (el 38%) residen en distintos centros y pisos de acogida de la Península, en virtud de convenios y acuerdos entre la Consejería regional y organizaciones no gubernamentales.

Rojas puso de manifiesto que la llegada al Ministerio de Trabajo e Inmigración de Celestino Corbacho fue clave para que se reanudaran las conversaciones entre la administración central y la regional.