La alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar Rivero, y varios técnicos de la sociedad municipal Granadilla de Suelo Sur (Grasur), declararon ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del partido judicial granadillero en calidad de imputados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y coacciones. También lo hizo, pero en condición de testigo, el concejal de Hacienda del gobierno local, Esteban González.

Estas comparecencias se produjeron en el marco de una de las cinco querellas presentadas por la empresa Asfatesa contra el grupo de gobierno y admitidas a trámite que, de prosperar alguna de ellas, podría suponer la inhabilitación de la regente granadillera para ejercer cargo público.

La querella en cuestión no fue admitida a trámite en su momento pero tal decisión judicial fue anulada a raíz del recurso que interpuso la empresa, procediendo el juez a la readmisión de la misma.

Asfatesa realizaba, a través de varios proyectos, la urbanización de una franja importante de San Isidro, la comprendida entre el campo de fútbol y la carretera de Atogo, por una parte, así como la formada por la zona de la calle Castro hasta la avenida Abona, por otra. Sin embargo, el actual gobierno municipal optó por rescindir el contrato argumentando, entre otras cosas, el incumplimiento de los plazos.

Tanto en la querella como desde fuentes de la empresa se asegura que solicitaron pruebas periciales independientes y que tienen documentado "que la alcaldesa mantuvo reuniones con representantes de la subcontrata y se personó en las obras que realizaba transmitiéndoles que no cobrarían por esos trabajos".

Entre otros aspectos contenidos en la querella, se alude a que "se nos coacciona para que contratemos a empresas determinadas en sustitución de otras que ya estaban realizando su trabajo por entender que éstas eran afines al PSOE".

Es más, se llega a asegurar que "nos obliga a contratar a desempleados del municipio", algo a lo que Asfatesa no pone reparos, "pero nos remiten con carácter preferente a dos hermanos de una concejala", María Candelaria Rodríguez (CC), de los que se aportan sus contratos. Esta edil es la responsable actual de las áreas de Personal y Turismo. De ellos, se considera que llegaron a actuar "como espías informadores del grupo de gobierno".

La cantidad que reclama la empresa Asfatesa al Ayuntamiento de Granadilla de Abona en estos procesos se aproxima a los dos millones de euros, llegando un portavoz de la misma a cuantificar en más de 100.000 euros el coste de la defensa de la Alcaldía.

Silencio oficial

Este periódico solicitó la opinión de la alcaldesa sobre este asunto, pero la misma no fue facilitada. Mientras tanto, el portavoz de la oposición, Jaime González, dijo que "su obsesión contra los socialistas le lleva a cometer errores y a perjudicar a Granadilla de Abona tomando decisiones precipitadas que dejan en muy mal lugar a nuestro municipio".

González Cejas no encuentra una justificación coherente "al hecho de que desde la Alcaldía se adopten decisiones contrarias a los intereses municipales y que se expliquen argumentando presuntas afinidades políticas con el PSOE de Granadilla de Abona".

Cabe recordar que Asfatesa es la única empresa que trabajaba con anterioridad a la formación del gobierno local actual que ha acudido a la vía judicial.