El comité de peticiones del Parlamento Europeo ha cerrado una queja que ponía en duda la independencia de la fundación creada para supervisar que las obras del puerto industrial de Granadilla (Tenerife) cumplen las normas medioambientales, al considerar que no es competente en esa área, pero ha animado a reorientar la petición para recoger las dudas que plantea Bruselas sobre la desprotección de algunas aves tras la modificación del catálogo de especies protegidas en Canarias.
Un representante de la Comisión Europea presente en el debate ha recordado que Bruselas ha pedido más información a España para aclarar aspectos "dudosos" de la modificación del listado de especies protegidas porque considera que hay elementos "no absolutamente claros".
Ecologistas y asociaciones vincularon esta nueva ley a un intento de reactivar la construcción de infraestructuras como el puerto industrial de Granadilla, cuyas obras han sido paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias mientras se establece si hay especies que han quedado desprotegidas o no.
En el debate de este jueves de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, el representante de la Plataforma ciudadana contra el Puerto industrial de Granadilla, José Luis Fernández Fuarros, ha solicitado a las instituciones europeas una "investigación independiente" sobre el caso y ha alertado de que los trabajos de construcción se han iniciado pese a la decisión del tribunal.
También ha criticado la designación "sin las garantías que la ley establece" del director de la fundación que debe supervisar el cumplimiento de las normas medioambientales en el proyecto de Granadilla, y le ha acusado de ignorar medidas "correctoras" necesarias como un ''by pass'' de arena para reducir el impacto del proyecto.
El eurodiputado de Izquierda Unida y vicepresidente de la comisión de peticiones, Willy Meyer, ha concluido el debate confirmando el cierre de la petición presentada por Fernández Fuarros. Sin embargo, ha dejado claro que se trata de esa queja "concreta" y ha invitado al afectado a "utilizar la vía indicada por la Comisión Europea" para "reformular" la petición y presentar "otra" en la línea de las dudas sobre la protección de hábitats y especies.
"Está claro que hay problemas y el tribunal superior de las islas lo ha declarado", ha dicho la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para respaldar al peticionario.
Otros eurodiputados como el ''popular'' Carlos Iturgaiz y la socialista Inés Ayala también han recomendado al peticionario que reformule su queja si quiere proseguir con el caso, pero han defendido que la actual debía cerrarse. "Esta petición ya no tiene lugar de ser", según ha dicho Ayala, mientras que Iturgaiz ha apuntado que era la "tercera vez" que se abordaban estos argumentos en la comisión y ha pedido "cerrar definitivamente" la petición primera.
El canario Gabriel Mato (PP) ha sido el más crítico con los argumentos de Fernández Fuarros y ha defendido la independencia del observatorio creado para supervisar el proyecto de Granadilla y ha negado cualquier duda de corrupción insinuada por el peticionario. Además, ha lamentado los "intentos" reiterados para paralizar estas obras.
"Tengo la esperanza de que se dé vía libre a una infraestructura que es necesaria y positiva para Canarias, España y toda Europa", ha dicho.