La Guardia Civil daba ayer por desarticulada una organización dedicada a expedir titulaciones académicas falsas en Cádiz, Mérida y Canarias tras la detención de 10 personas y la imputación de otras dos. Precisamente estas dos personas ostentaban dos cargos públicos como miembros del Partido Popular en Canarias, puesto que se trata de las dos últimas directoras de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarias (ESSSCAN), Inmaculada Acosta y Rosa María de Haro. A ellas se suma otra tercera persona que sí que fue detenida por la Benemérita y que es la ex secretaria general de la ESSSCAN, Carmen Nieves Cáceres. Todas ellas están acusadas de falsificación documental, puesto que certificaron títulos académicos que nunca llegaron a impartirse.
"Lo que se está tratando de aclarar es si estas personas cometieron una negligencia por ignorancia o tenían conocimiento de que el Sindicato de Trabajadores de Cádiz (SITCA) era una mera tapadera para obtener títulos académicos que realmente no se cursaban", explicaban ayer fuentes de la investigación.
De Haro y Acosta estuvieron al frente de la ESSSCAN durante la gestión de Mercedes Roldós en la Consejería de Sanidad y son miembros destacados del Partido Popular en las Islas.
Acosta señaló ayer a varios medios de comunicación que era "100 por 100 inocente", incidiendo en que no tenía "absolutamente nada que ver" con el sindicato gaditano. "No tengo nada, ni un solo papel y sé casi tanto como ustedes -medios de comunicación-, por lo que ha salido en la prensa ", subrayó, aunque reconoció que la pasada semana la llamaron "para declarar".
"Como directora de la Escuela llegan títulos de reconocimiento de oficialidad a través de un procedimiento reglado, yo los he firmado como con otros procedimientos. No tengo nada que ver, igual que llegan esos, llegan 80.000, y mis técnicos y mis auxiliares lo revisan y me lo ponen a la firma. No tengo nada que ver", insistió.
Estas manifestaciones serían muy similares a las de las otras dos acusadas que niegan tener constancia alguna de las irregularidades y que recuerdan que su función era la de sellar los títulos una vez que se cumplía con los requisitos previstos por el procedimiento de Reconocimiento de Oficialidad.
Y es que la versión de la Consejería de Sanidad (responsable directo de la ESSSCAN) es clara: "de haber alguna irregularidad concierne exclusivamente al sindicato". En este sentido, manifestaron que la escuela "se limitaba a acreditar los títulos una vez que eran convenientemente justificados en tiempo y forma".
"El sindicato realizaba los cursos, los certificaba y expedía los títulos autorizados. Posteriormente, la ESSSCAN acreditaba esa titulación, después de comprobar que todo el trámite estaba completo y que la memoria justificativa era correcta. Lo que sucede es que se trata de un curso a distancia que es imposible de inspeccionar in situ, pero la documentación es muy exigente y la presentaron toda".
Por su parte, la actual directora de la ESSSCAN, Blanca Quintero, hizo "un llamamiento a la calma y al respeto a una investigación policial que aún no ha acabado", mostrando su preocupación porque "la imagen de la escuela pudiera quedar dañada tras estas informaciones".
Quintero insistió en que "cualquier persona que conozca el funcionamiento de la escuela sabe que nuestros criterios de exigencia son muy elevados. Pedimos documentación para todo, antes del curso, durante el curso y una vez que termina. Es un procedimiento engorroso y complejo, por lo que nunca se podía haber pensado que algo así llegara a suceder".
La responsable recordó que "si tuviéramos que ir a todos los cursos que certificamos sería imposible, porque la ESSSCAN hace más de 5.000 reconocimientos de oficialidad al año".