AGENCIAS, Madrid
Las principales asociaciones de jueces recibieron ayer "con prudencia" las informaciones filtradas por la web Wikileaks que señalan que la diplomacia estadounidense presionó a fiscales y altos cargos del Gobierno para entorpecer la instrucción de las causas abiertas en España contra políticos y militares americanos. Sin embargo, reclamaron que se abra una investigación para aclarar si estos procesos podrían haberse visto "viciados" por injerencias externas.
Entre tanto, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Ejecutivo central desmienten categóricamente haber sido objeto de presiones por EEUU.
El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballestero, exigió que este asunto "se aclare debidamente" para confirmar si el Ministerio Público actuó "correctamente" ajustándose a la legalidad.
Desde la asociación Francisco de Vitoria (FdV), su portavoz Marcelino Sexmero enfatizó que la información dada a conocer ayer no revela cuál fue el resultado y la actuación de los fiscales ante tales presiones. "Son notas meramente informativas e internas que no dicen lo que pasó después. Sin saber el resultado no se pueden valorar las consecuencias", apuntó.
De todos modos, estima conveniente que se esclarezca si determinados procesos judiciales podrían haberse visto "afectados de alguna manera".
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, hizo un llamamiento a valorar "con prudencia" el contenido de los documentos porque, de momento, reflejan la información de "una sola parte", la Administración estadounidense.
Transparencia
Ramírez recalcó que sería "preocupante" que el contenido de los documentos se verificara y, en consecuencia, pidió que el Gobierno proporcione "una explicación" sobre todo por "motivos de transparencia".
El presidente del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, puntualizó que presionar a un juez "puede ser un delito" pero no ocurre así con los fiscales, por ello sentenció: "No creo que individualmente pueda suponer una exigencia de responsabilidad ni se pueda abrir una investigación".
Por su parte, la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, defendió que no le consta que el Ministerio Público haya recibido ningún tipo de presión y ha rechazado que su imagen quede perjudicada.
Entre tanto, magistrados como Santiago Pedraz y Eloy Velasco, el fiscal Vicente González Mota e incluso la Fiscalía General del Estado, así como otros jueces y fiscales de la Audiencia Nacional defendieron la cooperación judicial con los Estados Unidos, mediante un comunicado, pero negaron haber recibido presiones para frenar algunas investigaciones.
Previamente, González Mota -encargado de la causa abierta por los vuelos de la CIA que hicieron escala en España y que trasladaban a presuntos terroristas a Guantánamo- desmintió que hubiera avisado con antelación a la embajada norteamericana de que no se iba a oponer a la petición de desclasificar documentos del CNI sobre esos hechos.
En términos parecidos se pronunciaron los jueces Santiago Pedraz, que instruye la causa por la muerte de José Couso, y Eloy Velasco, que tramita una querella contra los responsables jurídicos de la creación de Guantánamo. "Somos lo suficientemente maduros como para no dejarnos presionar", afirmó este último, que además tildó de "absolutamente razonable" que la Fiscalía defendiera que Baltasar Garzón no era el competente para instruir la querella que ahora tramita él.
Igualmente, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, calificó de "absolutamente falso" que la embajada de EE.UU "marque la agenda" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y calificó de "segada" la información que apunta que pudo actuar de "colaborador" del país norteamericano.
Desde el Gobierno, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño, insistieron en desmentir el contenido de los documentos de Wikileaks, que entre otras cuestionan afirman que EEUU ofreció 85.000 dólares por cada preso que España recibiera desde el centro de Guantánamo.
Horas antes, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, restó valor a estos informes ya que, a su modo de ver, se trata de "opiniones unilaterales", al tiempo que matizó que a las instituciones hay que juzgarlas "por lo que hacen, no por lo que dicen que dicen".
Por último, el embajador estadounidense en Madrid, Aland Solomont, aseguró que los cables diplomáticos que hacen relación a España son "informes incompletos y subjetivos que no reflejan ni la opinión de los líderes norteamericanos, ni la política de EEUU", al tiempo que confió en que no afecten a la "excelente relación" que hay entre los dos países, ya que consideran al Ejecutivo español como un "aliado clave".
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