¿Puede la Administración imponer una dura sanción al equipo directivo de un centro educativo después de que una investigación haya concluido que su actuación "no vulnera la legalidad"? Eso es lo que ha ocurrido con el secretario del IES César Manrique, suspendido de empleo y sueldo durante cuatro meses después de que un centro concertado denunciara irregularidades en el traslado de un alumno y de que el expediente incoado a causa de estos hechos descartara que se hayan producido ilegalidades para luego tipificar la actuación del instituto como falta grave.

La comunidad educativa del centro no lo entiende, y así lo está demostrando con concentraciones diarias en el exterior del IES -ubicado en el barrio capitalino de Ofra- en las que participan alumnos profesores y otros trabajadores. Reunidos en asamblea, han decidido expresar su "indignación y repulsa" ante la "desmedida sanción" impuesta al secretario. Éste no es el único afectado: otros miembros del claustro y del equipo directivo -entre ellos el propio director- han cumplido ya "castigos" menos contundentes.

Los hechos arrancaron en junio del año pasado, cuando la familia del estudiante solicitó el traslado de matrícula "viva" -con el curso ya iniciado- desde un centro privado concertado de otro municipio al IES César Manrique. El instituto público sostiene que el traslado estaba justificado, pues se incluía en dos de los supuestos que amparan estos casos -uno de ellos, el cambio de domicilio-, y asegura, asimismo, que su actuación se ha ajustado a la normativa "al cien por cien".

En la presentación de la denuncia contra el César Manrique, el centro concertado del que procedía el alumno alegaba no haber recibido la solicitud de traslado. Sin embargo, el instituto insiste en que toda la documentación fue enviada a través de la ventanilla única de la Comunidad Autónoma, por lo que ha quedado registrada en los ficheros de la Consejería de Educación.

"Se nos dice que falta documentación oficial, pero no se nos explica cuál", señalan fuentes del profesorado, que aseveran que el centro dispone de documentos que respaldan que su conducta ha sido la correcta.

La comunidad educativa del IES lamenta verse "indefensa y desprotegida" por la inspección educativa que, a su juicio, "apoya más las pataletas de un centro concertado que la profesionalidad de uno público que ha actuado en todo momento dentro de la legalidad".

La sanción al secretario fue ejecutada desde el mismo momento de su notificación, según el profesorado del instituto, por lo que no hubo opción a recurrir por la vía administrativa -el recurso judicial ya ha sido interpuesto- y el centro se ha quedado sin una persona que ocupe este cargo y, al mismo tiempo, sin uno de sus docentes.

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